La Iglesia católica de Estados Unidos se unió al coro de voces que lanzaron fuertes críticas a la nueva política migratoria planteada por el gobierno de Joe Biden que, de ser implementada, restringiría el asilo a miles de solicitantes que llegan a la frontera con México, y señaló que la Iglesia está “profundamente preocupada por una propuesta que perpetúa la noción equivocada de que las medidas coercitivas de mano dura son una solución viable al aumento de la migración y el desplazamiento forzado”.

La nueva medida anunciada por los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) y que impediría que decenas de miles de personas soliciten asilo en la frontera sur si, en su camino hacia EE.UU., han pasado antes por otro país en el que no pidieron asilo.

La norma publicada en el Registro Federal y estará sujeta a un período de comentarios públicos de al menos 30 días, antes de ser implementada a partir del 11 de mayo, una vez se ponga fin al cuestionado Título 42, una herramienta activada en marzo de 2020 para contener la propagación de la pandemia del covid-19 y que al mismo tiempo fue utilizada para deportar aceleradamente inmigrantes en la frontera sur.

Abogados, analistas y activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes, e incluso congresistas demócratas, han rechazado enérgicamente la norma anunciada, que afirman, es una de las medidas de control fronterizo “más restrictivas” a la fecha bajo cualquier gobierno.

Otros defensores católicos de la inmigración también se sumaron al reclamo expresado por los obispos estadounidenses hacia la propuesta del gobierno.

La organización Catholic Legal Immigration Network Inc (Clinic), planteó que con esta norma “la administración Biden está traicionando su propio compromiso de defender el asilo, así como violando los principios de la ley estadounidense y la enseñanza social católica con respecto a la migración”.

Durante el año fiscal 2022 agentes federales llevaron a cabo más de 2.3 millones arrestos en la frontera con México, frente a 1.7 millones de detenciones registradas en el año fiscal 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP). El gobierno argumenta que la mayoría de los detenidos fueron deportados bajo la aplicación del título 42 de los CDC por la pandemia y el título 8 de la Ley de inmigración, por motivos de inadmisibilidad.

El resto fueron procesados para que sean los jueces de inmigración quienes resuelvan sus futuros en EE.UU., tal y como lo señala la ley de inmigración.