México establece nuevas reglas en centros migratorios
MÉXICO— Cecilia Romero, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) presentó un nuevo proyecto de normas que regirán en las 54 estaciones migratorias de Mexico.
Romero consideró que las nuevas normas se ajustan a los convenios internacionales sobre derechos humanos ya que los “sin papeles” contarán con médicos, un paquete para su aseo personal, alimentación, colchonetas y cobijas; derecho a intérprete, asistencia consular y asesorarías sobre las opciones que tienen por si no quieren regresar a su país.
De igual forma, se mantendrá a los indocumentados de acuerdo con su sexo y condición de vulnerabilidad (niños, ancianos, enfermos).
Sin embargo, representantes de defensores de los migrantes se dijeron insatisfechos
“Nos parecen modificaciones insuficientes, los requisitos no disminuyen, son los mismos, no podremos hacer el monitoreo sobre el trato que se les está dando a los migrantes y darles asesoría”, criticó Edgar Cortés, líder de la Red por los Derechos Humanos de Todos y Todas.
Por su parte, Romero puntualizó que ahora será más fácil el ingreso para las organizaciones defensores de emigrantes porque se les pedirá una sola vez el acta constitutiva y ya no se requerirá la carta poder y los testigos como anteriormente.
Sin embargo, no podrán acceder las 24 horas pues este derecho sólo lo tendrán los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la red consular acreditada en México.
Por ello, Cortés dijo que a los indocumentados se les sigue tratando como delincuentes porque de ser considerado peligroso, la autoridad se reserva el derecho de aislarlo.
Sin Fronteras, una organización encargada de asesorar legalmente a los migrantes, ha señalado a través de su directora Fabienne Venet que dentro de las estaciones migratorias, se han violado derechos como la integridad física y mental, al ejecutarse sobre los migrantes castigos físicos, privaciones de alimento o sanciones disciplinarias que vulneran el derecho a la integridad personal.
Además tampoco establece el límite temporal de la detención. Esto puede considerarse una violación al artículo séptimo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como lo estableció el Comité de los Derechos Humanos de la ONU en su observación general 20.
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