Fallo judicial favorece a indocumentados de todo el país
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Hazleton, Pennsylvania - El juez federal James M. Munley, anuló el jueves 26 de julio una ley contra los inmigrantes indocumentados que había sido aprobada en la ciudad de Hazleton a unas 80 millas al noroeste de Filadelfia, y declaró inconstitucional la medida que ya había sido copiada en otras ciudades del país.
La decisión tomada por el juez Munley detuvo un pleito que por más de un año mantuvo con miedo a cerca de 10 mil inmigrantes latinos que se calcula viven en Hazleton, quienes vieron comprometidos su derecho a hacer negocios, trabajar o recibir servicios de la ciudad, si no podían demostrar su residencia legal.
"Aunque la ley federal no entrara en conflicto con las medidas de Hazleton, la ciudad no puede aplicar una ordenanza que viola los derechos que la Constitución garantiza a toda persona en Estados Unidos, sea residente legal o no", dice el fallo del juez.
En la misma sentencia fue declarada inconstitucional otra norma que obligaba a todo inquilino a inscribirse con la municipalidad y pagar un permiso especial para poder alquilar una vivienda.
Los grupos pro inmigrantes habían demandado al ayuntamiento por considerar que las ordenanzas se apropiaban de la autoridad del gobierno federal para regular la inmigración, y que les quitaba a los residentes sus derechos constitucionales de protección equitativa y de recibir un proceso justo.
"Esta decisión es un mensaje inequívoco para las autoridades locales de todo el país de que este tipo de ordenanzas son un desperdicio del dinero de los contribuyentes, un reprobación de los valores estadounidenses y una violación a la Constitución", segun la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU).
La decisión tuvo eco a nivel nacional, al detener la posibilidad de que se implemente ordenanzas similares en cientos de otras ciudades en el país donde gobiernos locales antiinmigrantes esperaban el resultado de este fallo, el primero después de un juicio en un tribunal federal, para proceder con la aplicación de las restricciones.
El alcalde republicano de Hazleton, Lou Barletta, defendió la ordenanza justificando que los indocumentados habían llevado pandillas, drogas y crimen a su pequeña ciudad de 33 mil habitantes. Sin embargo, la evidencia presentada durante el juicio, mostraba que los crímenes atribuidos a indocumentados eran mínimos.
Barletta dijo que apelará la decisión. "Es un caso en el que un juez federal protegió los derechos de extranjeros indocumentados anónimos. Esta pelea dista de haber terminado".
Aún antes del fallo, la posibilidad de que la ordenanza contra los inmigrantes indocumentados fuera ratificada, ya había trastornado a la pequeña ciudad y tenía semiparalizada a su frágil economía.
"Este era un pueblo fantasma, hasta que llegaron los latinos", dijo Rudy Espinal, presidente de la Asociación de Empresarios Hispanos de Hazleton. Espinal dijo que de los inmigrantes, la economía había resurgido, pero que la ordenanza del alcalde había sembrado temor entre los nuevos habitantes. "Muchos de mis clientes dejaron sus casas y se fueron a otras ciudades diciendo que no podían arriesgar su futuro", añadió
Después de los ataques terroristas de 2001, Hazleton, un antiguo pueblo minero, recibió una repentina ola de inmigrantes en busca de vivienda barata y trabajo. Antes de eso, en 50 años Hazleton había perdido casi la mitad de la población y su ingreso promedio por hogar era un tercio menor al promedio nacional.
"La ordenanza ha incitado el resentimiento y ha afectado incluso a los inmigrantes legales", dijo Agapito López, de la Asociación Latina de Hazleton. "Nada más por la cara latina, ya se discrimina".
López aseguró que ahora trabajará por mejorar las relaciones entre la comunidad y para que todo vuelva a la normalidad.
En la otra cara de la moneda, a sólo 200 millas de Hazleton, en el mismo estado de Pennsylvania, la ciudad de New Haven ha preferido tomar la vía de acoger a los inmigrantes. El martes 24 de julio, New Haven entregó miles de tarjetas de identificación a inmigrantes indocumentados, lo cual les permite participar de la vida económica y social de la ciudad al tener acceso a una cuenta de banco y otros servicios que ofrece la ciudad.
En el propio Arkansas, el alcalde de la ciudad de Rogers en el noroeste del estado, Steve Womack, propuso en el 2006 crear ordenanzas similares a las que acaban de ser detenidas en Hazleton, pero en vista del juicio pendiente, optó por solicitar al ICE que entrenara a los agentes policiales de su ciudad para ejercer funciones de inmigración junto con las policiales propias, firmando un acuerdo de capacitación conocido como el programa 287(g). La solicitud la hizo en noviembre del año pasado, pero el ICE aún no la ha aprobado.
Queda por verse cual será el siguiente paso de Womack, ya que nunca pudo presentar pruebas concluyentes de los daños y costos que los indocumentados causaba a su ciudad y el ICE no parece querer entrenar a sus agentes policiales.
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Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
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