LEGISLADORES DE ARKANSAS quieren medidas contra indocumentados
Por Michel Leidermann
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En las elecciones de noviembre pasado, los candidatos republicanos prometieron aplicar de forma estricta las leyes de inmigración, de ser elegidos.
A pesar de esa campaña antiinmigrante, los republicanos perdieron los dos principales cargos del gobierno (gobernador y vicegobernador) y los candidatos demócratas fortalecieron su control en ambas cámaras de la Asamblea General.
Con esta configuración, durante la sesión ordinaria del 2007 la Asamblea sólo aprobó una ley contra los indocumentados, que prohíbe a los subcontratistas que trabajen para el estado, emplear a ilegales.
Sin embargo, varios legisladores del noroeste, una región fuerte del partido republicano de Arkansas, llamaron ahora a una serie de audiencias con funcionarios de agencias estatales afín de definir el costo que la inmigración ilegal causa al estado.
Igualmente estos están estudiando la conveniencia de convocar a una sesión especial de la Asamblea General de Arkansas antes del 2009, para legislar sobre el tema de los indocumentados, u organizar una consulta popular (votación) sobre medidas para frenar la inmigración ilegal en Arkansas.
Estos congresistas piensan, que la frustración de la ciudadanía sobre la poca acción del gobierno federal para detener la inmigración ilegal, apoyará más controles a nivel estatal, tal como lo han hecho por ejemplo, los estados vecinos de Tennessee y de Oklahoma.
Un estudio de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, encontró que
en lo que va de este año, los legisladores de las Asambleas Generales estatales de todo los Estados Unidos, presentaron 1,404 proyectos de ley que de alguna manera querían controlar la inmigración ilegal. De ellos 170, fueron promulgados como leyes estatales. En cuanto a las municipalidades, 100 de ellas alrededor del país, ya han aprobado ordenanzas que limitan los servicios y oportunidades para los indocumentados en sus jurisdicciones.
La única ley sobre el empleo de indocumentados aprobada por los legisladores de Arkansas, propuesta por el representante republicano Rick Green- R van Buren, que prohíbe a los contratistas que prestan servicios al estado, darle empleo a los indocumentados, al tiempo que les exige que certifiquen que están verificando con el gobierno federal que los documentos presentados son verdaderos, so pena de perder el contrato y quedar sujetos a pagar multas.
Otra iniciativa de ley en Arkansas, que buscaba convertir en delito el darle albergue o transporte a inmigrantes ilegales en el estado, no fue aprobada por un comité del Senado.
La primera sesión informativa convocada por el Comité Conjunto de Agencias Estatales y Asuntos Gubernamentales, que se realizó el 14 de agosto, acabó confirmando que los inmigrantes - tanto legales como indocumentados - le cuestan a Arkansas aproximadamente $170 millones al año en algunos servicios públicos.
Entre los legisladores que promovieron la sesión y que hicieron las preguntas más fuertes, se destacaron además de Rick Green, el representante Jon Woods, R-Springdale y la senadora Ruth Whitacker, R-Cedarville.
Entre las respuestas dadas se destacaron las del Departamento de Educación de Arkansas (ADE), por parte de Andre Guerrero y Diana Julian, quienes señalaron que su departamento gastó $154 millones en la enseñanza a alumnos inmigrantes y $4.6 millones en clases de inglés como segundo idioma (ESL) para los 23,599 alumnos que no dominan este idioma, todo siguiendo las leyes existentes a nivel federal.
Guerrero hizo la salvedad que el departamento no distingue entre estudiantes legales e indocumentados y por lo tanto no podía dar una información más detallada sobre los gastos para uno u otro.
Guerrero señaló que una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982, exige que se admitan a todos los alumnos que cumplan con los requerimientos de vivienda en un distrito escolar. Igualmente afirmó que la Oficina Federal de Derechos Civiles ha informado al ADE que no pueden preguntar sobre el estado inmigratorio del alumno. A aquellos alumnos que no presentan un número de Seguro Social, se les asigna un número de Identificación válido durante toda su permanencia en las escuelas públicas de Arkansas.
Por su parte, el Departamento de Corrección informó que en el 2006 gastó $2 millones en el mantenimiento y alimentación de 158 presos indocumentados de una población penal total de cerca de 14,000 presos. Es decir, los presos indocumentados son un poco más del 1% de la población penal, siendo que la población total latina total de Arkansas, llega al 5%. El gobierno federal solamente reembolsó a Arkansas, $158,000 por estos gastos. Además dijo que la Migra (ICE) no recogía a los presos indocumentados sino hasta después de cumplida su sentencia.
Las cortes y los departamentos de policía en Arkansas, gastaron otros $14.7 millones en casos de inmigrantes durante el año 2004.
El 18 de Septiembre otros departamentos estatales como el de Salud y el de Servicios Humanos, presentaron sus cifras al comité legislativo.
Cabe señalar que solamente dos programas de salud están disponibles para los indocumentados en Arkansas. Los cuidados prenatales para las madres, porque se asume que sus bebés nacerán acá y consecuentemente serán ciudadanos americanos y se estima que es más barato prevenir un problema de salud durante el embarazo, que curarlos después del parto.
El segundo caso, son los cuidados en las salas de emergencia de los hospitales protegidos por ley federal, pero hay que hacer notar que es bastante flexible la definición de “emergencia”, de si significa o no peligro de muerte, o de lesión grave con consecuencias permanentes. Hay muchos ciudadanos y residentes legales, que terminan yendo a las salas de emergencia, porque no tienen un seguro de salud.
Por otra parte, un estudio comisionado por la Fundación Winthrop Rockefeller de Little Rock y preparado por expertos y académicos de Arkansas, el Urban Institute, la Universidad de Albany, y la Universidad de Carolina del Norte, dado a conocer en abril, concluye que económicamente los inmigrantes de Arkansas contribuyen más a las arcas fiscales del estado en forma de impuestos, de lo que le cuestan al estado por servicios sociales recibidos (educación, salud y prisiones).
Según ese análisis, en el año 2004 los inmigrantes de Arkansas tuvieron ingresos por $2,900 millones, alrededor de un 20% se envió a sus países de origen en forma de remesas, pero el resto, $2,700 millones se invirtió a la economía del estado.
Los autores de ese estudio no seccionaron su análisis de costo entre los inmigrantes legales e ilegales, sino que estimaron que todos los extranjeros le costaron a Arkansas, cerca de $237 millones en el 2004, mientras que contribuyeron $257 millones en impuestos al estado ese año, resultando en un aporte fiscal neto positivo de casi $20 millones.
Además del impacto económico directo generado por los trabajadores extranjeros, hay otro impacto grande en términos de trabajos adicionales. Los inmigrantes en Arkansas consumieron de $2.9 mil millones en bienes y productos y generaron 23.100 nuevos trabajos en el 2004.
El crecimiento de la comunidad latina de Arkansas (334% entre 1990 y el 2000 según el Censo 2000), ocurrió mayormente en los condados Benton y Washington en el Noroeste del estado, en donde los trabajos de las grandes procesadoras de pollos y alimentos y el auge de la construcción, atrajeron a muchos trabajadores extranjeros.
En el año 2000 el 42% de los inmigrantes de Arkansas estaba empleado particularmente en las procesadoras de alimentos.
Entonces queda por verse si las cifras finales a las que llegue el comité legislativo, sobre el costo que los indocumentados causan a Arkansas, son mayores que sus aportes en términos de impuestos (a las ventas, la gasolina, los salarios, etc.) y al dinero que gastan en vivir (vivienda, ropa, alimentos, servicios públicos, etc.), comparado con los potenciales gastos (educación, prisiones, cortes, salud, etc.)
Además será muy importante evaluar el impacto económico que sufriría Arkansas si es que los indocumentados desaparecen y se reduce drásticamente el ritmo o se detienen las industrias de la construcción, la agricultura, las fábricas y procesadoras, y de los servicios.
El gobernado de Arkansas, Mike Beebe sugirió que se esperara el resultado final de los informes de las agencias estatales, para determinar si en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General de Arkansas, deberían discutirse y aprobarse leyes para limitar los servicios estatales a los indocumentados de Arkansas.
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