POLICIA DEL NOROESTE DE ARKANSAS BUSCARA A INDOCUMENTADOS
Por Michel Leidermann
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El miércoles 26 de septiembre, el Departamento de policía de Rogers y el jueves 27 el de Springdale, junto con las oficinas de sheriffs de los condados Washington y Benton, anunciaron en una conferencia de prensa realizada en Rogers, que habían firmado los acuerdos finales con la agencia de inmigración y aduanas de los EUA (ICE), para la aplicación de las leyes de inmigración en sus jurisdicciones.
Bajo el programa 287(g), los 19 oficiales de las cuatro agencias del orden en el noroeste de Arkansas, trabajarán bajo la supervisión de los agentes federales de inmigración, para interrogar, detener y procesar a los extranjeros ilegales que encuentran durante sus tareas diarias.
Los oficiales de los dos departamentos de policía y de las dos oficinas de sheriffs, se graduaron el 18 de septiembre del programa 287(g) del ICE, después de cinco semanas de entrenamiento en la ciudad de Boston.
El alcalde de Rogers, Steve Womack, dijo en la conferencia de prensa que "este es un día histórico en Arkansas. Hay poca discusión en cuanto a los problemas asociados con la inmigración ilegal. La ciudad de Rogers está orgullosa de liderar al estado en esta iniciativa".
En cooperación, las cuatro agencias funcionarán como un destacamento de fuerzas regional (Regional Multi Jurisdictional ICE Task Force), que se concentrará en preparar legajos para el procesamiento federal contra los extranjeros ilegales que han cometido crímenes graves.
El jefe de policía de Rogers, Steve Helms, declaró que "estamos animados al contar con esta nueva herramienta que nos permite arrestar y deportar a los extranjeros ilegales que comenten crímenes serios en nuestra ciudad".
Ya está funcionando una línea telefónica (479) 986-3611 para comunicarse directamente con este destacamento de fuerzas regional, y los oficiales graduados ya están trabajando en sus nuevas asignaciones.
Womack dijo que su ciudad, que enfrentó un pleito en el 2003 por discriminación racial, no abusará de su nueva autoridad. Los oficiales están autorizados para determinar el estado jurídico de extranjeros y si alguien está sujeto a la deportación bajo ciertas circunstancias.
"Déjenme ser muy claros: la ciudad de Rogers trabajará dentro de los límites de la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades recién aprobadas", añadió Womack. "No utilizaremos esta autoridad para violar los derechos de ningún ciudadano respetuoso de las leyes."
El abogado de la ciudad de Rogers, Ben Lipscomb, expresó que los oficiales están autorizados para realizar investigaciones cuando encuentran a extranjeros ilegales sospechosos en dos circunstancias: cuando son arrestados por cargos criminales, o cuando se les está interrogando como testigos en una investigación. "Los oficiales no pueden simplemente exigir ver los papeles de inmigración", manisfestó Lipscomb.
Helms aclaró que “los oficiales encararán a extranjeros ilegales sospechosos de haber cometido crímenes y no a cualquier vecino que pudiera ser ilegal". Complementó diciendo que “los oficiales deben tener un justificación “razonable antes de iniciar las investigaciones de inmigración. Ésa podría ser una combinación de factores, por ejemplo si el sospechoso no habla inglés, si no tiene identificación, o si él tiene identificación que parezca falsificada.
Helms también dijo que el programa está diseñado para detener la actividad criminal, y no para deportar a toda persona que vive ilegalmente en la ciudad. Remató diciendo no estaba seguro cuales documentos los extranjeros ilegales tendrían que mostrar, pero que las “tarjetas verdes” (Green cards) o las visas, podrían ser un buen ejemplo.
Sin embargo el acuerdo con el ICE es bastante amplio e indica que los seis oficiales de Rogers trabajarán en la unidad de narcóticos, la de investigación criminal, la unidad de supresión del crimen, y la división de patrullas, entregaran y ejecutarán ordenes de arresto, así como participarán en el destacamento de fuerzas regional, según el memorándum del acuerdo entre la ciudad con el ICE. Es decir, tiene una amplitud de tareas que casi no deja dudas de que los oficiales podrán interrogar a “sospechosos” en una variedad de circunstancias sin tener una razón valedera, además de arrestar a ilegales buscados por
crímenes cometidos o por haber reingresado a los EUA ilegalmente.
El acuerdo con Springdale es algo diferente y dice que sus cinco oficiales trabajarán en el destacamento de fuerzas, para ayudar a los agentes de inmigración en investigaciones criminales en Springdale y en la jurisdicción regional del destacamento, que incluye los condados de Benton y de Washington. Nada más.
La jefa policía de Springdale, Kathy O'Kelley, ha dicho que sus cinco oficiales trabajarán encubiertamente, investigando el tráfico de drogas y de personas y de otros crímenes serios. Sin embargo el memorándum del acuerdo con Springdale, no menciona este trabajo clandestino.
En el condado de Washington, los cuatro alguaciles o sheriffs que participan, interrogarán a los sospechosos sólo después de que los arresten y los lleven a la cárcel. Los sheriffs también trabajarán en el destacamento regional, según el acuerdo con el ICE. El subjefe, Jay Cantrell, dijo que la oficina del sheriff está considerando un segundo acuerdo con el ICE mediante el cual los sheriffs llevarían a los extranjeros ilegales hasta instalaciones federales de detención. Los sheriffs estarían llevando probablemente a los detenidos a campamentos de detención en Oakdale, Louisiana, y otro lugar en el sur de Arkansas, posiblemente en el condado Miller.
La oficina del sheriff del condado Benton, ha dicho que planea asignar a sus cuatro sheriffs entrenados, para trabajar en la cárcel y con el destacamento.
Los memorándums del acuerdo con el ICE dados a conocer por la policía de Springdale y la oficina del sheriff del condado Washington, igualmente señalan que cada agencia establecerá un comité asesor que revise y evalúe periódicamente el trabajo de las agencias sobre inmigración. Los comités también analizarán cualquier queja hecha por el público.
Helms asimismo agregó el miércoles, que las quejas pueden ser hechas directamente al departamento del policía, en-línea por Internet, o anónimamente usando los buzones de quejas colocados alrededor de la ciudad.
Womack aseguró que ninguna otra iniciativa tomada por su ciudad, ha sido tan divulgada o escudriñada como el programa 287(g). La ciudad de Rogers solicitó en noviembre del 2006 participar en el programa y las demás agencias del noroeste, lo hicieron el 2007.
El Departamento de policía de Fort Smith también planea solicitar el entrenamiento de algunos de sus oficiales en el programa.
Todas estas declaraciones del alcalde, los jefes de policía y de los sheriffs, dados a conocer la semana pasada, siguen al pie de la letra el contenido de los acuerdos con el ICE, pero la gente que vive en el noroeste de Arkansas, no está tan segura de que los oficiales se ajusten estrictamente a las responsabilidades delineadas en los documentos.
Más bien temen que los agentes, armados de un nuevo y adicional sentido de autoridad, simplemente la abusen tal como sucedió en el 2003 cuando la ciudad y el Departamento de policía de Rogers, fueron demandados por discriminación y perfilamiento racial.
El cónsul mexicano, Andrés Chao, informado de la conferencia de prensa a la cual no fue invitado, dijo que él está preocupado de que la participación de Rogers en el programa “hará a toda la comunidad, más peligrosa. La gente estará menos segura de delatar crímenes si piensa que su legalidad será cuestionada. Pensarán que todos los policías en Rogers están en el mismo programa (el 287g), y por lo tanto temerán acercase a la autoridad" dijo desde su oficina en Little Rock. "Lo pensarán dos veces por el temor ser deportados a México”, añadió Chao.
Los temores de los latinos en el noroeste de Arkansas y del cónsul, no son infundados. No sólo está el antecedente de las demandas del 2003, sino además el compromiso verbal que Womack hizo con Chao, cuando en una reunión realizada en Rogers a comienzos de Septiembre, el alcalde se comprometió con el cónsul a dar á conocer los detalles del acuerdo y de su modo de implementación, conjuntamente a la prensa y al público. Womack no cumplió. ¿Por qué cumpliría entonces lo que dijo el miércoles 26?
Tampoco mencionó el alcalde dos cláusulas muy importantes del acuerdo con el ICE y de acuerdo a la lectura de una copia que efectuamos en EL LATINO: 1. que garantiza que se faciliten traductores o al menos que las agencias tengan personal bilingües, para atender los casos de personas que no hablan inglés, y 2. que incluyen las condiciones de la Convención Internacional de Viena sobre derechos consulares, la cual estipula que los consulados de cada país deben ser notificados rápidamente cada vez que se detenga a uno de su connacionales.
Según algunos residentes de la zona, casi el 50% de los latinos serian indocumentados, lo que en el caso de que estos comiencen a irse de Rogers y del noroeste de Arkansas en general, traería devastadoras consecuencias económicas para la región. Las procesadoras de alimentos, la agricultura y la construcción que dependen mayormente de esta mano de obra, no contarían con los trabajadores necesarios para seguir subsistiendo. Además los ayuntamientos seguramente tendrán que gastar grandes sumas en honorarios de abogados, para defenderse de los juicios, que sin lugar a duda, les entablarán por abuso, discriminación y perfilamiento racial.
Otras comunidades en los EUA que tomaron medidas contra los indocumentados, ya están sintiendo sus consecuencias al tener negocios que cierran y sus arcas municipales desvastadas por los costos de defensa legal ante las numerosas demandas.
La comunidad latina deber estar muy atenta para denunciar de inmediato todos y cada uno de estos casos en contra de nuestros paisanos, y así lograr que los policías y sheriffs únicamente hagan lo que están autorizados para hacer y no abusen del desconocimiento que la comunidad latina pueda tener sobre el alcance de sus nuevas tareas de inmigración.
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