Empresarios estadounidenses no apoyan control del Seguro Social
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Grupos empresariales de Estados Unidos esperan que un tribunal federal en California bloquee definitivamente una regla migratoria que podría afectar a millones de patrones y trabajadores, argumentando que el gobierno no consideró el efecto financiero de la iniciativa en las pequeñas empresas.
En una inusual alianza, asociaciones de negocios se unieron a sindicatos de trabajadores para demandar al Departamento de Seguridad Interna Nacional por un plan que haría que las empresas despidieran a trabajadores cuyos números de Seguridad Social no concuerden con los números y nombres en una base de datos federal.
El caso es seguido de cerca por su efecto potencial en la economía y en una política federal destinada a frenar la inmigración ilegal, así como por la extraña coalición entre patrones y trabajadores que se opone a ella.
El sindicato AFL-CIO y grupos de libertades civiles, presentaron la demanda en San Francisco el 29 de agosto, argumentando que la regla de la Seguridad Social tornaría el sistema fiscal de jubilación para propósitos de aplicación de las leyes migratorias. La Administración del Seguridad Social estaba lista para enviar por correo miles de alertas a patrones sobre problemas de 'documentación sin respaldo' de sus empleados.
Grupos empresariales se unieron rápidamente al caso. Argumentan que la regla, que se centra en identificar a unos 12 millones de inmigrantes indocumentados, produciría despidos forzosos así como costos por más de $100 millones para las empresas.
La Cámara de Comercio de San Francisco y grupos comerciales de pequeñas empresas que representan a reparadores de techos, paisajistas, restaurantes, usuarios de franquicias y productores de frutas y hortalizas argumentaron que la agencia hizo caso omiso del efecto financiero de la regla sobre ellos.
Desde 1980, se ha pedido a las agencias federales analizar la manera en que las nuevas reglas afectarían a las pequeñas empresas y considerar alternativas.
El gobierno del presidente George W. Bush argumentó que la regla no impone nuevas obligaciones, ya que los patrones ya tienen que verificar la situación de sus trabajadores para mantenerlos en el empleo. El gobierno ha utilizado las respuestas de los patrones en procedimientos de fiscalización, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en documentos presentados ante los tribunales.
Más de 80 demandas han argumentado cotejos inadecuados o inexistentes por parte de pequeñas empresas desde 1996. La mitad de las veces, a las agencias se les ordenó realizar revisiones mientras se permitía a la regla entrar en vigor.
El Departamento de Seguridad Interna Nacional dijo en documentos presentados ante los tribunales que un análisis de las pequeñas empresas era innecesario, porque la regla no tenía efecto alguno en esas compañías y aclaró para todos los patrones el significado de las “cartas de falta de coincidencia'.
Los grupos empresariales dijeron que les costaría al menos $100 millones el resolver las discrepancias en el cotejo de los registros de empleados que el gobierno señalaría en la primera ronda de 140,000 cartas que serían enviadas a patrones, que emplean a 8.7 millones de empleados.
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