JUEZ FEDERAL BLOQUEA TEMPORALMENTE MEDIDA ANTIINMIGRANTE
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El juez de distrito, Charles Breyer, con sede en San Francisco, California, emitió el miércoles 10 una resolución preliminar para que el gobierno de los Estados Unidos suspenda por ahora el programa de envío de cartas de discrepancia a los empleadores de trabajadores con expedientes que presentan alguna diferencia entre su nombre y su número de Seguro Social.
El juez Breyer, determinó que la Administración del Seguro Social (SSA) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS), no pueden ejecutar su plan de enviar cartas a los empleadores con la advertencia de que serán sancionados si continúan empleando a trabajadores que presentan discrepancias con los federales.
"La propuesta del gobierno de distribuir cartas de discrepancia, que afectaría a más de 8 millones de trabajadores, podría resultar al terminar el plazo establecido, en el despido de trabajadores legalmente contratados con lo que se provocaría un daño irreparable a trabajadores y empleadores inocentes" dice la resolución judicial,
Tan pronto fue anunciada la decisión, dirigentes de organizaciones sindicales y de empleadores junto con líderes comunitarios manifestaron su beneplácito y se mostraron optimistas sobre el resultado final del juicio.
"Es una propuesta que ha generado miedo entre los trabajadores indocumentados, que mantendría a la gente en un estado de sitio y que no tiene nada que ver con arreglar un régimen de inmigración que no funciona, y que es el verdadero problema", explicó Ángela Zambrano, presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC).
La resolución del juez es resultado de una demanda legal interpuesta en agosto pasado por la Central Sindical AFL-CIO, la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) y el National Immigration Law Center (NILC), entre otras organizaciones. En la demanda, las agrupaciones argumentaron que la regulación propuesta es violatoria de la ley y de los derechos de los trabajadores, que impone obligaciones excesivas a los empleadores, y que facilitaría la discriminación en contra de los trabajadores que puedan ser percibidos como inmigrantes.
De acuerdo con la propuesta de SSA, las primeras 140,000 cartas de discrepancia tendrían que haber empezado a ser enviadas a partir de septiembre, en cada una de las cuales se mencionaba un promedio de 10 nombres de empleados con irregularidades en sus expedientes.
Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna, dijo estar "decepcionado" por la decisión judicial y que la dependencia a su cargo, revisará las opciones que tiene, entre las cuales está la apelación a un tribunal superior.
"Las cartas de discrepancia dan a los empleadores una guía clara sobre qué hacer. Si el empleador sigue el procedimiento, que contempla varios pasos para rectificar la discrepancia dentro de los siguientes 90 días posteriores a haber recibido la carta, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no usará esa carta como evidencia para realizar una acción en contra de los empleados", aseguró Chertoff.
Sin embargo también reconoció que la decisión judicial temporal "es un recordatorio de por qué necesitamos que el Congreso nacional apruebe una reforma migratoria completa".
A través de un comunicado, el presidente de AFL-CIO, John Sweeney, aseguró que más de un 70% de las discrepancias en los registros de la SSA corresponden a expedientes de ciudadanos estadounidenses.
Estimaciones del Migration Policy Institute indican que existe una fuerte relación entre los estados que reciben la mayoría de las cartas de discrepancia y aquellos que tienen el mayor número de inmigrantes no autorizados para trabajar. Según el Instituto más de un millón y medio de trabajadores serían afectados por este nuevo procedimiento, de los cuales aproximadamente un millón estaría concentrado en 10 estados.
Edición de esta semana
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Michel Leidermann
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