Imploran en Little Rock por la abolición de la pena de muerte
Por Michel Leidermann
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El próximo jueves 15 de Noviembre en la Iglesia del Espíritu Santo (1003 N. Tyler, Little Rock, sede de la Diócesis Católica), disertará sobre la necesidad de abolir la pena de muerte, Juan Roberto Meléndez Colón, quien estuvo encarcelado casi 18 años por un crimen que no cometió.
Meléndez nacido en Brooklyn, Nueva York pero criado en Puerto Rico, pasó 17 años, 8 meses y 1 día en el corredor de la muerte en una prisión de la Florida por un crimen que no cometió. Tras su liberación y exoneración del homicidio el 3 de enero del 2002, se convirtió en el preso # 99 en ser absuelto y puesto en libertad desde 1973. Nunca hubo pruebas físicas contra Meléndez vinculándolo con el crimen y su condena y sentencia de muerte se basaron en el testimonio de dos testigos dudosos.
A pesar de su inocencia, la condena y sentencia de muerte contra Meléndez fueron confirmadas en apelación en tres ocasiones por la Corte Suprema de Florida.
En septiembre del 2000, 16 años después de que Meléndez fuera declarado culpable y condenado a muerte, una trascripción de una confesión grabada del verdadero asesino que había sido “olvidada” fue descubierta casualmente. En última instancia, salió a la luz que el verdadero asesino hizo declaraciones a no menos de 16 personas, ya sea directamente confesando el asesinato o afirmando que Meléndez no estaba involucrado.
En un dictamen de 72 páginas por el cual se anuló la convicción y sentencia de muerte de Meléndez, la jueza Barbara Fleischer ordenó un nuevo juicio, y subrayó las injusticias que se habían cometido contra Meléndez para y demostrar que un hombre inocente estaba en el corredor de la muerte.
Fleischer reprendió al fiscal por la retención de pruebas "fundamentales" relativas a la credibilidad de los dos testigos principales del Estado y además da un detalle meticuloso de las "nuevas pruebas", que incluyen numerosas confesiones y declaraciones incriminantes hechas por el verdadero asesino a sus amigos, agentes del orden público, investigadores y hasta a los abogados de la defensa, fundamendo la teoría de que Meléndez era inocente.
Sin admitir ningún hecho arbitrario, el Estado de la Florida se negó a iniciar un nuevo juicio contra el Meléndez debido a que uno de sus principales testigos se retractó y el otro había muerto.
Tras su salida del corredor de la muerte, sin amargura, ira, o encono hacia los responsables de condenarlo injustamente a muerte, Meléndez ha viajado por todo los Estados Unidos hablando en público acerca la suprema injusticia de su caso.
Además habla sobre el sufrimiento psicológico de las familias de los condenados y de la necesidad de tener procedimientos científicos (como el DNA) para comprobar sin lugar a error, la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Cuando no está disertando, Meléndez trabaja en su casa en Puerto Rico en una plantación de bananas donde orienta a jóvenes desesperados que trabajan junto con él. Como antiguo trabajador agrícola migrante, César Chávez es un ídolo y una inspiración para Meléndez.
Meléndez es un miembro de la junta directiva de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte, miembro de la Junta asesora de Witness to Innocence, y es el portavoz internacional de AIDWYC (Asociación para la Defensa de los condenados erróneamente), una organización canadiense sin fines de lucro.
Por otra parte el Colegio Nacional de Abogados (ABA) con más de 400 mil agremiados, renovó la semana pasada su pedido de que se declare una moratoria nacional a la pena capital tras un estudio en ocho estados que encontró irregularidades en la aplicación del castigo, entre esos, disparidades raciales.
El estudio, que tomó tres años, se condujo en Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Indiana, Ohio, Pennsylvania y Tennessee. Es parte del Proyecto de Implementación de Moratoria a la Pena Capital que la organización inició en 2001.
La ABA reiteró que no asume una postura a favor o en contra de la pena capital, sino que haya una moratoria en tanto los estados corrigen fallas e irregularidades que pueden resultar en pobres defensas y en la ejecución de individuos basándose en pruebas erradas.
El estudio analizó 12 rubros y encontró, entre otros puntos, disparidades raciales en la aplicación de la pena de muerte; servicios de defensa inadecuados para acusados indigentes; e irregularidades en los procesos de revisión de las peticiones de clemencia.
Concluyó además que los estados analizados han tenido cuando menos un incidente "serio" de errores o fraude en los laboratorios que analizan las pruebas criminales.
Estos laboratorios, se encontró, no cuentan con fondos suficientes y no emplean tecnologías modernas y sofisticadas para analizar las pruebas.
En septiembre pasado, la Corte Suprema de los EUA accedió escuchar un caso de Kentucky en contra del uso de la inyección letal, que es el método empleado en 37 de los 38 estados que aplican la pena de muerte. Sólo Nebraska aún emplea el electrocutamiento.
Aunque la inyección letal se ha considerado como un método más "humano" que la cámara de gas o la silla eléctrica, los expertos no descartan que antes de morir los ejecutados hayan estado conscientes y experimentado dolorosas sensaciones.
California es uno de los estados donde el protocolo sobre la inyección letal ha sido cuestionado por quienes aseguran que el método atenta contra la prohibición de castigos "crueles e inusuales".
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en lo que va de este año 42 personas han sido ejecutadas en todo el país, 41 de esas por inyección letal, y 26 de las ejecuciones se han conducido en Texas.
La disertación de Meléndez está abierta al público que puede asistir a la cena en la iglesia. La entrada cuesta $25 para adultos y $15 para estudiantes y personas de bajos ingresos. Para información y compra de entradas favor contactar a Rhonda Pritts, de la Coalición de Arkansas para Abolir la Pena de Muerte (ACADP) al 664-0340 en Little Rock.
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