Redadas de inmigración crean angustia económica y trauma emocional a los niños
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Washington, DC–Un nuevo informe emitido por el Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus siglas en inglés) y el Urban Institute revela que por cada dos personas detenidas en un operativo de aplicación de la ley de inmigración, un niño se queda sin familia. Dos tercios de estos niños son ciudadanos americanos y un porcentaje similar está formado por menores de diez años.
El informe Paying the Price: The Impact of Immigration Raids on America’s Children, detalla las consecuencias que los operativos de aplicación de la ley de inmigración tienen sobre el bienestar psicológico, educativo y social de los niños. También señala la pesada carga que suponen las redadas de inmigración sobre las fuentes de apoyo que actúan como primer auxilio para las familias afectadas en estos incidentes: las comunidades, el sistema escolar, los proveedores de servicios sociales y las instituciones religiosas, entre otras.
“Los gobiernos locales y comunidades estudiadas no tuvieron los recursos adecuados para atender las necesidades de los niños tras el impacto negativo de las redadas”, dijo Randy Capp, un experto independiente en demografía del Urban Institute. “Así mismo, el gobierno federal no contó con políticas y procedimientos que explícitamente consideraran la protección de los niños”.
Un grupo de investigadores del Urban Institute estudió tres comunidades que experimentaron, en el último año, redadas masivas de inmigración por parte de los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de los EE. UU. Éstas fueron: Greeley, Colorado; Grand Island, Nebraska; y New Bedford, Massachusetts. Un total de 912 personas fueron arrestadas y 506 niños fueron directamente afectados.
El NCLR subvencionó el estudio para obtener una evaluación independiente y objetiva de cómo las recientes acciones de inmigración han afectado a los hijos de los inmigrantes arrestados.
“En cualquier decisión política debemos tomar en consideración que estamos poniendo a los miembros más jóvenes y vulnerables de nuestra sociedad frente a un riesgo profundo. Este informe claramente demuestra que pueden pasar años antes de que conozcamos el efecto completo que las redadas de inmigración tendrá en estos niños y los costos a largo plazo para nuestra sociedad”, afirmó Janet Murguía, presidenta de NCLR.
El estudio descubrió que las redadas forzaron a las escuelas, guarderías y familiares indirectos a actuar rápidamente como una red protectora para los niños. Por ejemplo, en los tres lugares donde sucedieron las redadas, los distritos escolares se aseguraron de no entregar a los niños a casas vacías y de que éstos no pernoctaran en la escuela.
“Familiares indirectos y amigos tomaron la responsabilidad del cuidado y del apoyo económico de los niños cuyos padres fueron arrestados en las redadas”, dijo la investigadora Rosa María Castañeda del Urban Institute. “Estos grupos se aseguraron de que ningún niño se quedara solo o bajo la custodia del estado”.
Hallazgos adicionales de este informe incluyen:
• Los procedimientos de proceso y detención de ICE —especialmente la falta de acceso telefónico y la retención de muchos detenidos fuera de los estados donde radican— hacen difícil que los detenidos se comuniquen con sus familiares o con cuidadores para hacer arreglos sobre el cuidado y atención de sus hijos.
Después de la redada, la vasta mayoría de los niños se quedó con uno de los dos padres, pero sin embargo algunos se quedaron sin el único padre que tenían o sin ambos. Por ejemplo, en Grand Island ambos padres del 17% de los niños afectados fueron arrestados.
• Los recursos económicos de los familiares indirectos y de los amigos se redujeron rápidamente, y el apoyo que brindó el sector de las organizaciones sin fines de lucro duró únicamente tres o cuatro meses. Incluso, algunos padres permanecieron detenidos por un periodo hasta de seis meses y mientras que para otros, tomó aun más tiempo para que sus casos de inmigración fueran adjudicados.
• Los niños experimentaron un trauma emocional por el miedo de que los despojaran bruscamente de sus padres o por la súbita ausencia de ellos. Trauma que es frecuentemente personalizando a causa de la separación y los sentimientos de abandono.
• En las tres ciudades, por varias semanas después de la redada inicial, las familias afectadas se escondieron en sus casas y se encontraron reacias a abrirle la puerta a aquellos visitantes que venían a ofrecerles ayuda.
• Los expertos de salud mental notaron que los miedos y los incidentes en torno a las redadas generaron en los niños y en los padres, depresión, trastornos por estrés post traumático, ansiedad por separación e incluso, pensamientos suicidas en los niños.
El informe hace una serie de recomendaciones a los políticos, los funcionarios locales, los proveedores de servicios y ICE para que éstos se aseguren de que los niños estén debidamente protegidos cuando ocurran las redadas de inmigración. Estas recomendaciones incluyen las siguientes:
• ICE debe asumir que los niños se verán afectados siempre que los adultos son arrestados en su lugar de trabajo como consecuencia de una redada y deberá desarrollar una política consistente para manejar a los padres detenidos.
• El Congreso debe supervisar que las acciones relacionadas con el cumplimiento de la ley de inmigración aseguren que los niños estén protegidos y consideren además, el dotar de los recursos necesarios al sistema escolar y a las agencias locales que responden a las necesidades de éstos.
• Las escuelas deben desarrollar sistemas que aseguren que los niños (en su mayoria nacidos en los EUA) tengan un lugar seguro donde ir en caso de una redada durante las horas de escuela.
• Los servicios sociales y otras agencias públicas deben preparar planes de contingencia para que puedan responder a las redadas de inmigración efectivamente y desarrollar estrategias que aseguren a los padres y a otros cuidadores, que es seguro buscar ayuda de emergencia y apoyo para los niños bajo esas circunstancias.
Debido a los hallazgos de este informe, el NCLR le pidió al Congreso que convoque, lo antes posible, una audiencia donde se discuta la situación de los niños después de las redadas.
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