Legisladores sin objetivo
Por Michel Leidermann
La reforma integral de la legislación existente sobre inmigración, fracasó en Julio en el Congreso y dejó sin atender situaciones de urgencia nacional. Una innovación respondería a las necesidades económicas, a los requerimientos de seguridad, y a la regularización de millones de trabajadores indocumentados que ya son parte de la fuerza laboral en el pais.
Las contribuciones económicas de los inmigrantes y de los indocumentados en particular, siguen siendo positivas a pesar de que algunos detractores lo nieguen y sostengan (sin pruebas), que causan más gastos que aportes.
La debacle legislativa impidió la creación de un marco legal para lidiar de una manera organizada y razonable con los distintos aspectos ligados a la presencia de todos los inmigrantes, y no sólo de los indocumentados. Sólo el 60% de los actuales indocumentados entraron ilegalmente, el otro 40% entró con visas (como los terroristas del 9/11) y se quedaron, en su mayoría no son latinos.
Pero los legisladores no honran su compromiso de trabajar para el beneficio del país, ni justifican sus sueldos y beneficios.
Ahora, los gobiernos locales (estatales, condales y municipales) quieren a su modo, implementar reformas locales (que rondan con lo ilegal, lo impráctico y lo inhumano), precisamente perjudicando la legalización de los millones de indocumentados cuya regularización es la base de una reforma integral.
Ordenanzas para no alquilar viviendas a los indocumentados, no dar licencias para abrir negocios, dejar que continúen manejando sin seguros contra accidentes, y la petición de documentación sin causa y sin orden de cateo, están impactando a las comunidades y los indocumentados están abandonando ciudades y estados inhóspitos.
Por ejemplo, las llamadas cartas de discrepancia del Departamento de Seguridad Interna —que identifican las diferencias entre nombres y números de Seguro Social entregados por el empleado y las existentes en el sistema federal, — fueron bloqueadas temporalmente por un juez federal ya que "provocaría un daño irreparable a trabajadores y empleadores inocentes".
Las cartas pretenden identificar millones de trabajadores esperando que los empleadores se deshagan de ellos bajo pena de multa. Lo más probable es que apremiaría a los patrones para tomar medidas preventivas (entiéndanse despidos), que podrían conducirían a discriminar contra trabajadores sólo por ser latinos o extranjeros.
El gobierno de Bush está estudiando cambios administrativos para relajar algunos de los requisitos de las visas H2A que se exigen a los granjeros para contratar obreros agrícolas. Para eso se contempla el cambio de reglas ante la falta de mano de obra lo que está causando que los agricultores estadounidenses arrienden campos de cosecha en México.
La solución es estabilizar el sector con la ley AgJOBS. Este proyecto nuevamente postergado ante un muy probable rechazo de los senadores, es un acuerdo entre patrones y sindicatos agrícolas para una legalización de los campesinos indocumentados que ya han trabajado por dos años en el país. El rehusar su aprobación es un acto de explotación al no garantizarles trabajo y estadía a estos obreros imprescindibles para la agricultura.
Como si eso fuera poco, las redadas del ICE se han acelerado e incrementado. Las autoridades de inmigración aseguran que los operativos buscan específicamente a delincuentes sin papeles o personas con órdenes de arresto y/o deportación. En realidad, hay una mayoría de arrestados que son indocumentados inocentes tratados como criminales.
No se puede actualizar una política migratoria mientras se continúe pretendiendo desconocer la presencia y la contribución positiva de los indocumentados a la economía del país.
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