Leyes anti-inmigrantes de Colorado resultaron costosas e ineficientes
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Las leyes que Colorado comenzó a aplicar hace un año y medio para detener el flujo de indocumentados han resultado costosas y no han cumplido con los objetivos esperados, según un informe de un grupo de legisladores estatales, tanto republicanos como demócratas.
Las leyes, aprobadas en el año 2006, no solamente no produjeron ahorros al evitar que los indocumentados reciban servicios públicos, sino que causaron gastos adicionales, comentó el representante Al White, republicano de Hayden.
Según White, las leyes estatales contra la inmigración ilegal "no están funcionando" ni tampoco "han generado los ahorros que se dijo estas medidas iban a producir al recortar servicios para inmigrantes indocumentados".
"El único impacto que estas leyes han tenido ha sido el gasto de su implementación", sostuvo White.
En su informe, White comentó que la ley HB06-1023, que en su momento se dijo "eliminaría los servicios públicos para indocumentados" (siempre que se tratase de servicios no requeridos por el gobierno federal), llevó a que toda persona que solicitase esos servicios verificase primero que era un ciudadano o residente legal de EUA, lo que causó costosos retrasos para los departamentos del gobierno que deben ahora procesar esos pedidos.
Por ejemplo, en julio pasado la Universidad de Colorado en Boulder anunció que, sobre la base de la ley HB06-1023, ya no ofrecería rebajas estudiantes estadounidenses si los padres de esos estudiantes eran indocumentados, al considerar que la rebaja era un beneficio para los padres.
A la vez, otras universidades consideran que, como el beneficiado directo es el estudiante, la situación inmigratoria de los padres es irrelevante. Este conflicto legal aún no se ha resuelto.
White calificó al paquete de leyes anti-inmigrantes como "mucho humo y poco fuego".
Por otro lado, el representante Bernie Buescher, demócrata de Grand Junction, coincidió con White en que las leyes "no han tenido ningún impacto significativo".
"El hecho es que hay personas que no solicitan beneficios públicos porque saben que Colorado requiere una cuidadosa verificación de los documentos. Pero no se ha detectado a nadie que estuviese recibiendo esos beneficios ilegalmente", aseveró Buescher.
"Estas leyes son más una carga que una bendición para el estado", afirmó, en referencia al hecho de que, debido a la nueva exigencia de comprobar "presencia legal" en el país, "lo único que se ha logrado es perjudicar a ciudadanos, especialmente ancianos, que no tienen los documentos necesarios porque, por ejemplo, los han perdido".
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