Cámara de Diputados mexicana aprueba una Reforma Judicial
La campaña que alrededor de 150 organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron en contra del ingreso de la policía a los domicilios sin orden judicial, dio finalmente frutos el martes 26 cuando la Cámara de Diputados retrajo su postura y anunció que anulará el polémico párrafo de la Reforma Judicial que buscaba un instrumento en el combate al narcotráfico.
Salvo este punto fueron aprobadas las reformas al Sistema de Justicia Penal, que contemplan los cambios más relevantes de los últimos 80 años en México.
Con 462 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones dio aval para los juicios orales, el uso de conversaciones grabadas como prueba en un proceso legal cuando alguno de los particulares participe en ella, y la creación de un servicio de defensoría pública para la población.
También se incluye por primera vez a nivel constitucional la definición de delincuencia organizada: "Se entiende una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los ‘términos de la ley de la materia’".
El punto más caliente de la reforma, fue despreciado durante varios meses por varios grupos de legisladores —principalmente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD)—, quienes consideraron que la medida sería un retroceso en los derechos humanos.
Ante la controversia, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó eliminar el párrafo 11 del artículo 16 que daba el visto bueno a la policía para allanar a particulares sin orden judicial "cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o la integridad corporal de las personas".
Entre las medidas relevantes se incluye destinar centros especiales para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias por narcotráfico. Asimismo, las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada.
La autoridad podrá hacerse de los bienes que han sido producto o instrumento de la delincuencia organizada sin que esta acción —conocida como extensión de dominio— sea considerada una confiscación.
El punto que autorizaba al procurador general de la República a tener acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral o cualquiera confidencial cuando esta estuviera relacionada con un delito fue eliminado en el Senado.
Otro apartado a destacar es el relacionado con el Ministerio Público, considerado una de las entidades más corruptas de la justicia mexicana: ahora los agentes de esta institución podrán ser separados de sus cargos por irresponsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Con las modificaciones en la Cámara de Diputados, pasará ahora al Senado. Si aprueba la eliminación se enviaría al Ejecutivo y los congresos locales, que deberán ratificarla en por lo menos 16 estados para que se convierta en ley federal.
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