Dos grupos de Arkansas se enfrentan sobre inmigración
Uno busca proteger a los indocumentados y el otro quiere
Por Michel Leidermann
Una conferencia de prensa en el Capitolio estatal convocada por un grupo que aboga por los extranjeros indocumentados, la Coalición por la Amistad de Arkansas (AFC), resultó en una leve confrontación el lunes 7, cuando personas no invitadas se presentaron y alegaron que los contratistas están alejando a los trabajadores legales pues empelan a trabajadores extranjeros ilegales los que trabajan por un salario muy bajo.
La AFC es un grupo de Arkansas de defensa de los inmigrantes, formado por miembros de la iglesia, líderes cívicos y de negocios, que se opone a leyes estatales y municipales punitivas contra los inmigrantes.
La AFC celebró la conferencia de prensa para dar a conocer un estudio económico realizado por una empresa de Oklahoma, sobre la "penuria económica" que se espera como resultado de nueva legislación en Oklahoma. El estudio realizado por Impacto Economic Impact Grpup LLC de Edmond, Oklahoma, predice problemas para la economía estatal resultantes de una nueva legislación encaminada a castigar a los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados.
El presidente de AFC, el reverendo Stephen Copley, un ministro Metodista Unido, dijo que el mismo tipo de problemas económicos se puede esperar en Arkansas si la Asamblea Legislativa de Arkansas o los electores, a través de una propuesta iniciada, aprueban una ley similar a la de Oklahoma.
La posibilidad de una propuesta iniciada por los electores, es causa de preocupación, dijo Copley, "Una ley realmente punitiva podría causar a la gente a no quedarse, o a salir de Arkansas, en mi opinión, tendría un efecto perjudicial en la economía de Arkansas” expresó Copley.
Los intrusos portaban letreros calificando de “criminales” a esos empleadores y forman parte de un grupo de voluntarios que se autodenomina “Secure Arkansas”. Este grupo presentó para la aprobación del Procurador General de Arkansas, Dustin McDaniel, un proyecto de ley iniciado que prohibiría otorgar ciertos servicios gubernamentales a los extranjeros ilegales y requeriría verificar la ciudadanía o la residencia legal antes de que residentes mayores de 13 años puedan recibir beneficios públicos.
El procurador rechazo el miércoles 9 el texto del proyecto de ley por ser ambiguo y pidió una nueva redacción para volver a considerarlo. Secure Arkansas no confirmó cuando presentaría el nuevo texto pero si esta vez es aprobado, podría entonces empezar la recolección de las 61.974 firmas necesarias antes del 7 de julio, para colocar el proyecto en la boleta de votación el próximo 4 de Noviembre.
"Se trata realmente de impedir a los extranjeros ilegales el obtener asistencia pública en cualquier momento en que lo deseen usando el dinero de los contribuyentes”, dijo Jeannie Burlsworth, la presidenta de Secure Arkansas. Secure Arkansas, se auto califica como una organización de base "comprometida con el respeto de la ley y el trato justo de los ciudadanos y de los inmigrantes legales".
De ser aprobado por los electores el proyecto de ley iniciado exigiría que los organismos estatales y otras agencias "verifiquen la presencia legal en los EUA" de cualquier persona de más de 13 años que solicite ciertos beneficios públicos locales, estatales y federales administrados por agencias estatales o por otras agencia.
La propuesta de Secure Arkansas excluiría a los residentes indocumentados de beneficios para la educación postsecundaria, incluyendo becas y ayuda financiera, y también les prohibiría el pagar la matrícula intra-estatal.
Excepciones a la medida incluyen tratamiento médico de emergencia, trasplantes de órganos, socorro en casos de desastre, tratamiento de enfermedades, atención prenatal, los comedores populares, consejería de crisis y refugios de corto plazo.
El proyecto realmente no limita nada más que los estudios superiores, pues los residentes indocumentados no reciben otros beneficios gubernamentales los cuales de cualquier forma están regulados por leyes nacionales
Durante la conferencia de prensa, un hombre no invitado, afirmó que UAMS utiliza contratistas de la construcción, que emplean a "ilegales mexicanos" pagándoles $3,50 por hora, de los cuales envían la mayor parte a México. "No creo que sea justo y no creo que el gobernador debería haber aprobado eso" dijo. "Los ciudadanos deben venir primero". Agregó que algunos trabajadores "no caucásicos" han perdido su empleo por culpa de los trabajadores ilegales de la construcción. Añadió que sabia español y que cuando preguntaba a algunos trabajadores sobre su situación, estos "corrían como conejos".
El hombre, que era blanco, salió del Capitolio sin identificarse.
Otros dos opositores de la inmigración ilegal, sostenían un letrero que decía "Los empleadores de los inmigrantes ilegales son delincuentes también". Dijeron que un reciente asesinato en el noroeste de Arkansas fue perpetrado por un extranjero ilegal y que confirmaba que los indocumentados son responsables de gran parte de la actividad de drogas en el noroeste de Arkansas.
Alan Leveritt editor del semanario Arkansas Times, les respondió que no era justo calificar a toda una raza de personas a causa de un acto delictivo aislado.
De acuerdo con un estudio de 2007 sobre los inmigrantes en Arkansas financiado por la Fundación Winthrop Rockefeller, la población de inmigrantes, tanto legales como ilegales, fue responsable de $2,9 billones en impacto económico positivo en Arkansas en el 2004, y también causó la creación de 23,100 nuevos puestos de trabajo como consecuencia de ese impacto,
El estudio igualmente encontró que los inmigrantes ilegales hacen posible la producción anual de $1,4 billones en productos por los fabricantes del estado y otras empresas, y que se le paga $95 millones menos en salarios de lo que se pagaría a ciudadanos legales.

Para más información sobre los dos grupos, se puede visitar sus portales en la Internet:
http://www.arfriendshipcoalition.org/ y
http://www.securearkansas.com/
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