Procurador de Arkansas aprueba 3ª propuesta de ley contra indocumentados
Por Cartas al editor
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Lamentablemente la oficina del Procurador General de Arkansas, Dustin McDaniel, no tuvo otra alternativa que aprobar una propuesta iniciada de ley (solicitada por un número de residentes del estado) que cortaría servicios del gobierno estatal a toda persona que no sea residente legal o ciudadano en Arkansas. El nombre de la propuesta es "An Act to Prevent Persons Unlawfully Present in the United States from Receiving Certain Public Benefits" (Una ley para evitar que las personas presentes ilegalmente en los Estados Unidos reciban ciertos beneficios públicos) y corresponde al número 2008-084.
Jeannie Burlsworth de Bryant, presidente de Secure Arkansas, patrocinador del proyecto que tiene por objeto cortar los servicios estatales a extranjeros en situación ilegal, agradeció al Procurador McDaniel, al enterarse el miércoles 7 de mayo, que la oficina del Procurador General había aprobado el texto de su tercera propuesta después de haber ajustado su titulo adecuadamente para la votación, según se lo pidiera la fiscalía en dos ocasiones anteriores.
Ahora los miembros de Secure Arkansas tienen hasta el 7 de julio para recoger las 61.974 firmas necesarias de votantes inscritos, y poder incluir la propuesta en la boleta de la votación general del 4 de Noviembre.
La oficina de McDaniel dijo que la aprobación no tiene nada que ver con motivaciones políticas pues no tiene autoridad para aprobar o rechazarla sobre la base de su mérito. Por el contrario, la ley le exige examinar el nombre popular y el título de las propuestas – es decir lo que habitualmente leen los votantes en sus boletas- para garantizar su exactitud y reflejar de manera justa el contenido de la propuesta.
Burlsworth, quiere que los votantes aprueben la medida para exigir a las agencias estatales el verificar la situación legal de toda persona que desee obtener beneficios públicos.
Burlsworth dijo después de conocer el dictamen que su grupo espera pedir firmas en los lugares de votación el próximo 20 de mayo cuando los electores inscritos voten para la elección de jueces en Arkansas.
Burlsworth dice que Secure Arkansas es una pequeña organización de voluntarios que quiere asegurarse de que el estado no gaste dinero de los impuestos en servicios para extranjeros en situación irregular, incluyendo la matrícula para la universidad como residente de Arkansas y las licencias de manejar.
Pero, la propuesta de Burlsworth no puede impedir que el estado de Arkansas, siga usando dinero para pagar por servicios necesarios a los extranjeros indocumentados y que están garantizados por el gobierno federal y las leyes nacionales, tales como la educación pública y la prestación de atención médica de emergencia, la atención de las enfermedades transmisibles, vacunas, así como la atención prenatal de las madres de acuerdo a leyes aprobadas en 17 estados incluyendo Arkansas.
Sin embargo prohibiría, el socorro en casos de desastres, la obtención de licencias para operar negocios y empresas, la inscripción de vehículos comprados, y otros servicios del Departamento de Salud y de beneficencia como los vales para alimentos. Para obtener tales servicios se exigiría una declaración jurada de que el peticionario está en condición legal y esa información se verificaría a través del programa Federal Systematic Alien Verification For Entitlements.
De ser aprobada por el electorado, la propuesta requerirá a las personas mayores de 13 años que soliciten asistencia pública en los organismos estatales de emergencia que firmen una declaración jurada afirmando que residen legalmente en el país. Secure Arkansas dijo que los que falsifiquen la declaración podrían ser acusados de perjurio. No será requerida la verificación para recibir tratamiento médico de emergencia, cuidados prenatales o inscripción en una escuela pública.
Arkansas gastó en el año escolar 2006-07 la suma de $154 millones en alumnos de la educación pública que necesitaron clases de inglés como segundo idioma (ESL), aunque el Departamento de Educación no pudo separar el costo de esta enseñanza entre alumnos legales e ilegales.
Una organización en defensa de los inmigrantes, la Arkansas Friendship Coalition en la que participan empresarios, entidades e individuos particulares y del clero, declaró que esta medida podría percudir no sólo a los autorizados, sino también a aquellos extranjeros que están legalmente en el país con visas de trabajo o de estudio que no tendrían la documentación necesaria para poder recibir los beneficios y servicios estatales.
El gobernador Mike Beebe por su parte declaró que no podía dar una opinión pues no había leído la propuesta.
Burlsworth pasó la mayor parte del día miércoles 7 en las instalaciones del Capitolio estatal adonde invitó a los medios de comunicación para que enfrentaran al cónsul de México en Arkansas, Andrés Chao, quien se encontraba participando en las jornadas del seminario de tres días para establecer las Plazas Comunitarias en Arkansas. El cónsul, como representante diplomático de un país foráneo se abstuvo obviamente de hacer comentarios sobre un asunto de política interna de los Estados Unidos.
Burlsworth justificó ante los medios su posición, declarando que “no tenemos protección y si evitamos dar servicios públicos a los indocumentados, Arkansas no se convertirá en un estado santuario”.
La verdad es que muy probablemente Secure Arkansas conseguirá las 62,000 firmar requeridas para colocar la propuesta en la papeleta de votación en noviembre porque está aumentando el malestar contra los trabajadores indocumentados por parte de una población cada día más apurada económicamente que busca como explicar sus propios problemas, echándole la culpa a los inmigrantes.
Esta propuesta en la práctica cambiará en muy poco o en nada la situación, ya que los indocumentados no reciben beneficios de parte del gobierno de Arkansas y sólo se benefician con los servicios establecidos por leyes federales (nacionales) o estatales.
Lo único que esta propuesta conseguirá, es avivar el resentimiento y el desprecio hacia los indocumentados y sus hijos, que aunque nacidos en Estados Unidos, sufrirán por el odio generado hacia sus padres.
La comunidad latina debe unirse para educar al público general y hacer notar que esta propuesta de ley no modifica nada y sólo sirve para avivar los sentimientos políticos en contra de los inmigrantes.
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