MIGRA evaluará resultados del programa 287g a nivel nacional
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El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) o Migra como se le conoce popularmente comenzará a evaluar la aplicación del programa 287g, que determina el estado migratorio de reos en las cárceles y que funciona en 47 zonas del país.
El anuncio lo hizo Jim Pendergraph, coordinador de esfuerzos locales y nacionales de ICE, durante la ceremonia de graduación de 27 nuevos alguaciles procedentes de California, Colorado, Carolina del Norte, Georgia y Oklahoma.
La sección 287g de la ley de inmigración vigente desde 1996 permite a los gobiernos locales entrar en "acuerdos" con esta agencia del gobierno federal para entrenar a alguaciles para que ejerzan funciones de inmigración con el objetivo de identificar y deportar a indocumentados.
La determinación de evaluar la medida ocurre cuando varias instituciones de Carolina del Norte han comenzado a analizar las consecuencias de la aplicación del 287g en cinco condados del estado, donde más de 6.000 inmigrantes -la mayoría latinos han sido detenidos para deportación.
El estudio de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC) reveló que el programa ha incrementado la "desconfianza de los inmigrantes hacia las autoridades", falta de transparencia, casos de perfil racial y violación de derechos civiles, entre otros.
Asimismo, la Coalición Latinoamericana concluyó que la oficina del alguacil del condado Mecklenburg, donde está localizada Charlotte, aún no ha formado el comité evaluador como establece el memorando de entendimiento entre el ICE y la oficina del alguacil.
De acuerdo con Pendergraph, 740 oficiales han sido certificados bajo el 287g desde el 2006 y otras 90 agencias del orden público han solicitado entrar al programa, que durante el año fiscal 2006 deportó a 50.000 indocumentados.
El ICE imparte en promedio de 14 clases al año para entrenar a los alguaciles, quienes en cuatro semanas aprenden sobre leyes de inmigración, derechos civiles y perfil racial.
A pesar del "éxito" que ICE y los alguaciles atribuyen al 287g en las cárceles del país, organizaciones pro-inmigrantes han denunciado algunas irregularidades e inclusive han comenzado acciones legales contra ICE como sucede actualmente en Arizona.
Pendergraph reconoce las críticas pero enfatiza que el deber de ICE es utilizar "cualquier mecanismo disponible" para hacer cumplir las leyes de inmigración y "remover del país" a los inmigrantes ilegales.
En Arkansas los departamentos de policía de las ciudades de Rogers y de Springdale así como los condados de Benton y Washington tienen implementados programas 287g con resultados mixtos según los líderes latinos del Noroeste del estado.
La ciudad de Fort Smith y la Policía Estatal de Arkansas, están en negociaciones con el ICE para entrenar a sus oficiales en temas relativos a la inmigración y ponerlas en efecto a la brevedad.
Se solicita a la comunidad latina y la general, denunciar los posibles "abusos" que se hayan cometido contra algunos inmigrantes procesados bajo el 298g.
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