Carolina del Norte deportará prisioneros indocumentados
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Carolina del Norte se convertirá a partir del próximo mes de Julio en el estado líder del país en implementar el programa 287g de revisión del estado migratorio de los detenidos en cárceles locales y en la deportación de personas indocumentadas.
Ocho condados de Carolina del Norte comenzarán a entrevistar, tomar fotografías y análisis de huellas digitales de los detenidos no nacidos en el país.
La sección 287g de la ley de inmigración vigente desde 1996 permite a los gobiernos locales entrar en acuerdos con el gobierno federal para entrenar a alguaciles para que ejerzan funciones de inmigración con el objetivo de identificar y deportar a indocumentados.
Esto ocurre aún cuando varias instituciones de Carolina del Norte han comenzado a analizar las consecuencias de la aplicación del 287g en los primeros cinco condados del estado, donde más de seis mil inmigrantes, en su mayoría latinos, han sido puestos en condición de ser deportados.
Según Deborah Weissman, de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill, que el Congreso no haya aprobado una reforma migratoria en 2007 trae como consecuencia que las municipalidades comenzaran a establecer sus propias políticas de inmigración.
"El objetivo del 287g era expulsar a criminales y no a inmigrantes con infracciones menores de tránsito, como pasa en la mayoría de los lugares donde actualmente esta en funcionamiento el 287g. Esto está teniendo un costo social y económico para este estado", reiteró Weissman.
José Pérez, abogado del Fondo Puertorriqueño de Defensa Legal, dejó abierta la posibilidad de establecer "acciones legales" si se comprueba que a los ciudadanos naturalizados se les trata de forma diferente que a los ciudadanos por nacimiento.
De los casi ocho mil individuos procesados bajo el 287g en el condado de Mecklenburg en dos años, 2,889 resultaron ser ciudadanos naturalizados, residentes legales, TPS (Estatus de Protección Temporal), refugiados políticos o con visa para permanecer legalmente en el país, según cifras de la Oficina del Alguacil.
Otras violaciones incluyen posibles casos de perfilamiento racial, poca transparencia en la implementación del programa, y negociaciones de acuerdos con los federales sin discusiones públicas, entre otros.
En Arkansas la 287g está en efecto en las ciudades de Rogers y Springdale y los condados de Benton y Washington, todos en el noroeste de Arkansas, y aunque ha habido algunos reclamos por parte de los lideres comunitarios latinos en el área, no se ha informado de violaciones a los derechos civiles serias ni frecuentes ocasionadas por su aplicación.
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