Arreciarán castigos por contratación de indocumentados
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La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Julie Myers, anunció para fines del 2008 nuevas y duras medidas contra los empresarios que contraten a inmigrantes indocumentados y que el control de las empresas consideradas negligentes y culpables de conducta criminal será prioritario, antes que tome posesión en enero el próximo presidente de EUA.
Myers agregó que desde octubre se realizaron 4,100 detenciones, de las cuales 900 resultaron en acusaciones criminales, y añadió que 92 empleadores o gerentes de empresas enfrentaron cargos.
"Antes eran solamente cargos administrativos, y a menudo la multa por contratar indocumentados era menor que lo que se cobra por una violación de tránsito", agregó.
La estadía ilegal en EUA es una falta de carácter civil pese a los esfuerzos del gobierno por criminalizarla. Pero la ley estipula sanciones severas para quienes contraten inmigrantes indocumentados. La subsecretaria del ICE también señaló que las multas contra los empleadores superarán este año los $30 millones recaudados en el 2007.
Además de los cargos criminales, Myers dijo que DHS trata de persuadir a las empresas para que "cumplan voluntariamente" con las disposiciones legales.
Una de las principales armas de que dispone el gobierno federal en su lucha por poner fin a la inmigración indocumentada es la verificación de empleo, herramienta que depende de la voluntad de los empleadores para verificar el estado migratorio de sus trabajadores, un polémico tema rechazado por grupos de derechos civiles de EUA.
Conocido como E-Verify, el sistema fue activado en línea el 17 de septiembre del año pasado. Consiste en una gigantesca base de datos que le permite al gobierno conocer si un empleado extranjero tiene permiso legal de residencia y una autorización válida de empleo, o bien se trata de un residente o un ciudadano estadounidense.
La base de datos del sistema se encuentra conectada con las bases de datos de la Administración del Seguro Social (SSA) y del DHS, que reúnen datos de millones de personas.
El programa es la segunda parte del Sistema Básico de Verificación de Empleo (EEV) que fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2003 y que forma parte de las políticas de seguridad implementadas tras los ataques terroristas de 2001.
El sistema, al que los empleadores acceden por teléfono o por Internet, faculta al gobierno federal para verificar la identidad de cualquier trabajador extranjero, coteje su nombre y números de identidad con otras bases de datos, y compruebe que tiene visa y permiso para laborar en el país.
Un segundo sistema también fue habilitado por DHS. Se trata del ICE Mutual Agreement between Government and Employers (IMAGE), "herramienta" del gobierno para hacer más riguroso el control sobre los centros de trabajo y fortalecer la batalla que libra en contra de la inmigración ilegal.–
Un tercer plan paralelo impulsado por el DHS, basado en el envío de cartas a empleadores advirtiendo sobre reglas más severas a quienes contraten a indocumentados, por ahora se encuentra suspendido por orden de un juez federal de San Francisco.
La verificación de empleo se solicita por medio del Formulario I-9 en el que los patrones especifican el estatus migratorio del trabajador, el número de residente (número de tarjeta verde) registrado en la autorización de empleo y el número de Seguro Social.
Una vez enviado esos datos, el gobierno verifica los datos y envía al empleador la imagen de la persona almacenada en sus bases de datos para que sea cotejada por el patrón con el empleado.
Previo a la puesta en vigor de la primera fase del programa, en el 2003, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA) emitió varios comunicados en los que advirtió que el sistema contenía errores "graves" y "peligrosos".
AILA precisó que el plan piloto desarrollado por el DHS fue revisado y cuestionado en 2004 por el General Accounting Office (GAO, Oficina del Inspector General de la Fiscalía de EUA) y pidió al gobierno extender las revisiones por un mínimo de 6 meses, pero que la solicitud no fue atendida.
La revisión, dijo AILA, fue requerida "debido a defectos" en el diseño del sistema de verificación.
Según dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), "la meta (del gobierno federal) es que próximamente podamos agregar también (a la base de datos de E-Verify) las fotografías de las licencias de conducir". La dependencia explicó que esto servirá para detectar los casos de robo de identidad. En un futuro la agencia federal planea agregar también la información de documentos oficiales como los pasaportes.
El estado que lidera el uso del sistema es Arizona, dijo el gobierno, y también “ha implementado las medidas de seguridad requeridas para otorgar sus licencias de conducir, por lo que quizás podría ser uno de los primeros estados con los que podríamos comenzar a trabajar", puntualizó la USCIS.
De acuerdo con el último reporte recibido por USCIS de parte de una compañía independiente encargada de manejar las estadísticas del sistema E-verify, en 2007 se detectaron cerca de 200,000 casos de personas que solicitaron empleo sin tener la autorización correspondiente de un total de más de 3 millones de verificaciones a través de E-verify.
Durante 2008, la cifra de verificación de empleo a través de este sistema ya ha superado los 4 millones.
A comienzos de mayo se agregaron los nombres de los nuevos ciudadanos estadounidenses a la base de datos E-Verify. La información de los residentes legales permanentes también será ingresada al sistema de seguridad, apuntó la USCIS.
El anuncio fue hecho tres días después de que el Secretario de la seguridad de EUA, Michael Chertoff, anunciara que el presidente George W. Bush firmó una orden ejecutiva que ordena a las empresas que tienen contratos con el gobierno, verificar el estatus de todos sus trabajadores extranjeros.
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