Siguen adelante leyes anti-inmigrantes
Por Michel Leidermann
Ante la ausencia de una reforma migratoria que defina la situación de millones de indocumentados, diversos Estados han decidido aprobar sus propias leyes y en lo que va del año unas 1,100 propuestas legislativas y ordenanzas municipales encaminadas a restringir y/o atentar contra los derechos de los inmigrantes, fueron presentadas.
De acuerdo con los datos del Immigration Policy Project (IPP), hasta el 31 de marzo las legislaturas estatales analizaron 1,106 proyectos de ley en 44 estados, una cifra muy similar a las 1,169 resoluciones presentadas hasta el 13 de abril del año 2007, pero casi tres veces mayor a las presentadas en el 2006.
Una avalancha de proyectos que ya han sido aprobados en algunos Estados o prevén aprobarse este año, representan una evidencia histórica de la gran división y del ambiente racista que existe en EUA sobre al tema migratorio, agudizado por la crisis económica que ahora vive la nación.
Según IPP, California prevé este año 21 nuevas propuestas referentes a migración y relacionadas con empleo, salud, educación y servicios legales.
Pero el ejemplo más claro del alcance de este movimiento antiinmigrante es Arizona, que aprobó 4 leyes que atentan contra la comunidad extranjera, prohibiendo las fianzas para todo indocumentado que enfrente cargos criminales, negando compensación monetaria en los tribunales civiles, eliminando ayuda para estudios o cuidado de niños, además de declarar el idioma inglés como la lengua oficial del estado.
Para este año, legisladores de Arizona trabajan en la idea de negar actas de nacimiento a los hijos de personas indocumentadas que hayan nacido en EUA, y que son constitucionalmente automáticamente ciudadanos.
Uno de los motivos clave del considerable aumento de leyes estatales, es el pánico y el nacionalismo que prevalece ante el creciente número de residentes extranjeros.
Algunos Estados han visto duplicadas su población migrante en menos de cinco años por lo que han decidido asumir funciones de regulación migratoria que constitucionalmente corresponden a las autoridades federales y no locales.
Oklahoma fue un estado clave en donde el año pasado sus legisladores hicieron algo al respecto, aprobando una ley que castiga severamente a las empresas que contraten indocumentados y dándole a los cuerpos policíacos más instrumentos para deportarlos, bajo la premisa de que si no hay trabajo ni ayuda gubernamental, los indocumentados ya no llegarán a Oklahoma.
La tensión racial será un tópico que seguirá predominando el 2008, alimentado por las contiendas electorales en las que se encuentra el país. Esto es sin duda una muestra de la frustración que existe en los EUA. A lo largo de la historia, cuando la economía se enfría, a los legisladores les da por buscar culpables y la respuesta siempre es la misma: el ilegal es el culpable y la migración es el origen de todos los males.
Sin embargo, dichas legislaciones podrían tener un precio alto para los políticos, ya que hasta el momento han estado encaminadas a afectar especialmente a los latinos, una comunidad que aumenta su número de electores.
California, según el Censo es junto a Nueva York, Texas, Florida, New Jersey e Illinois, uno de los estados que abrigan dos tercios de la comunidad inmigrante, pero al contrario de Arizona bloqueó una propuesta de ley que exigía la inspección del estatus legal de los trabajadores, a través de una base de datos.
Las separaciones entre California y Arizona, son un claro ejemplo de la amplia división sobre política migratoria que existe en los Estados.
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