Continúan pasando ordenanzas anti-Inmigrantes
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En docenas de ciudades de todo el país, algunos funcionarios de gobiernos locales siguen intentando expulsar a los inmigrantes de sus comunidades, castigando a aquellas personas que den trabajo o alquilen vivienda a individuos que no puedan comprobar la legalidad de su estancia a satisfacción de las autoridades municipales.
Esta ola de ordenanzas anti-inmigrantes comenzó en abril del 2006 con una iniciativa de ley en San Bernardino, California, que buscaba negar permisos, contratos y becas de la ciudad a negocios que emplearan a inmigrantes indocumentados. Dicha ley también permitiría que la policía embargara los vehículos que se utilizan para levantar a los jornaleros, además de prohibir que se pudiera alquilar o rentar vivienda y requerir que todo asunto oficial de la ciudad se efectuara en inglés.
Una ordenanza similar a la de San Bernardino fue aprobada en Hazleton, Pennsylvania, en julio del 2006. Esta nueva ordenanza contenía una definición muy vaga y amplia de lo que era un inmigrante “ilegal” y pretendía castigar a los caseros, empleadores y demás personas que tuvieran tratos comerciales con ellos, además de incluir una disposición que exigía el uso exclusivo del inglés. Desde entonces, aproximadamente 100 localidades en 29 estados han propuesto alguna versión u otra de la ordenanza de Hazleton, cada una con redacciones y alcances distintos. De éstas, 40 han sido aprobadas.
Estas leyes exigen que los dueños de negocios, los caseros y los empleados del gobierno de la ciudad se vuelvan expertos en distinguir entre los tipos de identificación válidos y los que no lo son, además de que verifiquen la condición migratoria de las personas y determinen la autenticidad de la documentación del inmigrante.
Estas ordenanzas imponen enormes castigos a los dueños de negocios que se equivoquen, alentando a que los empresarios discriminen contra cualquiera que sospechen de ser extranjero para no arriesgarse a las multas y sanciones asociadas con el incumplimiento de la ordenanza.
Ya se han impugnado leyes como éstas en Hazleton; Cherokee County, Georgia; Escondido, California; Valley Park, Missouri; Riverside, Nueva Jersey; y Farmer’s Branch, Texas.
Las demandas legales afirman que dichas ordenanzas son anticonstitucionales por pretender sobreponerse a las leyes federales de inmigración, y quebrantan leyes federales (y con frecuencia estatales) contra la discriminación. Las ordenanzas también impiden el acceso a los procesos jurídicos justos, al suspender los contratos laborales y de alquiler de vivienda, sin que los afectados tengan el derecho a una audiencia ante un juez.
Los miembros de comunidades de inmigrantes o que hablen con un acento extranjero, serán inevitablemente los que más se verían obligados a comprobar su condición migratoria, y también serían a quienes se les denegaría injustamente vivienda y empleo, así como bienes y servicios. Muchos dueños de negocios latinos y residentes legales se mudarán de las comunidades con ordenanzas como éstas, debido a la creación de un ambiente hostil.
Como resultado de los esfuerzos de organizaciones defensoras de los derechos civiles y en particular de los inmigrantes, los tribunales y las comunidades están analizando con ojo crítico estas ordenanzas pues los tribunales reconocen que los gobiernos municipales se han excedido al tratar de imponer leyes que se sobreponen a las leyes federales de inmigración.
Aproximadamente 29 leyes como ésta que habían sido aprobadas, han sido suspendidas o derrotadas en las cortes.
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