Telefónicas MEXICANAS obligadas a registrar a sus clientes para reducir delitos
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El Gobierno mexicano promulgó las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones que obligan a las empresas telefónicas a crear el Registro Nacional de Telefonía Móvil que busca inhibir la extorsión, el secuestro y las amenazas vía teléfonos celulares.
Con la entrada en vigor de estas reformas legales, las empresas de telefonía móvil tienen un plazo de 60 días hábiles para contar con expedientes de cada uno de los 73 millones de usuarios de teléfonos celulares.
Las empresas deberán tener los datos de cada uno de los clientes, entre estos el nombre completo, domicilio, nacionalidad, e incluso las huellas dactilares.
Las compañías tendrán la obligación de conservar durante un año este listado detallado, en el cual se incluirá el registro de llamadas y mensajes que salgan o entren en los móviles, información que podrá ser utilizada por las fiscalías en caso de investigaciones de delitos de extorsión, amenazas o secuestros.
México sufre una ola de violencia desatada por el crimen organizado. En 2008, la Policía Federal mexicana detuvo a 228 presuntos secuestradores y rescató a 31 personas que se encontraban en poder de sus captores.
Por su parte, el magnate mexicano Carlos Slim, dueño de la empresa América Móvil, la mayor empresa de telefonía móvil en el país, afirmó que esta nueva medida no ayudará a reducir los delitos de extorsión o secuestro vía telefónica.
"Lo que hay que hacer es otro tipo de cosas que sean más efectivas", precisó el empresario.
Agregó que contar con un registro de celulares no ayudará mucho debido a que éstos son robados y no hay control, además de que existe mucha manipulación y falsedad en las declaraciones.
De acuerdo con un informe del Consejo para la Ley de Derechos Humanos, en el periodo 2001-2007 en la Ciudad de México cada día se registró un promedio de 200 extorsiones vía telefónica, de las cuales en el 37 por ciento de los casos se pagó el rescate, lo que significó un botín de más de 14 millones de dólares para las bandas.
Los estados donde más se realizan estos delitos son, además de la capital del país, los centrales Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, y Tlaxcala, los sureños Guerrero y Oaxaca, el occidental Jalisco y el oriental Veracruz.
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