Rechazan en México dictamen contra “autos chocolate”
Gobernadores de estados fronterizos y arraigo migratorio descalificaron la categorización judicial de contrabandistas para quienes manejen vehículos irregulares procedentes de Estados Unidos, por considerar que tal dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atenta contra la paz social del país.
José Reyes Baeza Terrazas, gobernador de Chihuahua, lamentó que el tribunal máximo haya emitido esa decisión “sin tomar en cuenta el aspecto social”, y pidió a las autoridades policiales no recurrir a decomisos de esos automotores porque “podrían alterar la paz social”.
El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, manifestó que “no es posible dar solución policiaca a un problema social”, y sostuvo que ya es tiempo de que “se trabaje en una solución de fondo a este problema”.
A su vez Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa, calificó el dictamen como “desfasado y muy legalista”, puesto que en este asunto social “la realidad nacional está lejos de lo que establece el fallo; la ley está para regular la realidad”.
La SCJN determinó hace un par de días que cualquier persona que circule en el país con un automóvil extranjero irregular será considerado como presunto contrabandista de vehículos.
Tanto en las ciudades de la frontera, como en las rancherías y poblados de estados con arraigo migratorio abundan los autos y camionetas usadas con placas estadounidenses. Estos vehículos son dejados por los migrantes a sus familias y amistades una vez que regresan a Estados Unidos, luego de sus vacaciones. En la jerga popular a estas unidades se les llama “chocolates”.
Los ministros del tribunal establecieron que todo automovilista que transite fuera de la zona de vigilancia aduanal, que comprende 20 kilómetros en línea recta de las poblaciones fronterizas, en vehículos que no cuenten con documentos de propiedad y circulación serán encarcelados y sometidos a juicio penal por el delito de contrabando.
Al margen de la persecución que se espera a nivel nacional de conductores de “chocolates”, y dada la voracidad de los policías corruptos en todas las corporaciones, es previsible que los migrantes que visiten la franja fronteriza y sus comunidades de origen al interior de la república serán interceptados con objeto de extorsión.
Los mencionados mandatarios estatales coincidieron, en declaraciones a la prensa, que la existencia en el país de más de un millón de vehículos irregulares es la mayor evidencia de que éste es un asunto con fuertes implicaciones sociales.
Por tanto Baeza Terrazas propuso que “hay que buscar una solución ya no con estricto apego a lo que establece la norma y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a la realidad social”, y resaltó que si bien la decisión es muy respetable, en este caso “hay un ingrediente de orden social que no podemos desatender”.
Hernández Deras opinó que “ya es tiempo que se trabaje una solución de fondo a este problema”, derivado de la fuerte diferencial de precios entre los vehículos mexicanos y los usados de Estados Unidos, según apuntó, y que tiene su origen en una inadecuada regulación de la importación de vehículos extranjeros que impide nacionalizar de manera accesible a las familias de menores ingresos.
Por su parte Aguilar Padilla reconoció que en su estado hay miles de familias que tienen un “chocolate”, por lo que “nosotros hemos pugnado y lo haremos siempre porque se regularicen estos automotores”.
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