Aumentaron deportaciones de inmigrantes en el 2009
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El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentó en 2009 las verificaciones, identificaciones y deportaciones de indocumentados con sus programas Comunidades Seguras, 287g, y E-Verify a pesar de que la Casa Blanca reconoce la necesidad de una reforma migratoria.
Tanto el número de indocumentados detenidos (181.000) como el de deportados (215.000) se ha duplicado este año respecto al anterior, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano y funcionarios de la administración Obama, argumentan que para pasar cualquier proyecto de reforma migratoria se debe primero convencer al pueblo norteamericano que se está teniendo "mano dura" en la frontera y con los indocumentados.
Mientras tanto, para los defensores de los inmigrantes, el incremento del cumplimiento de las leyes migratorias durante el 2009, que tanto Obama como Napolitano han reconocido "son ineficientes", está generando "miseria y caos" en las comunidades inmigrantes.
Después que organizaciones como la Oficina de Auditoría del Congreso (GAO), grupos pro-inmigrantes e inclusive agencias del orden público se quejaran públicamente y con hechos de las fallas del 287g, el DHS anunció inesperadamente en julio pasado un "cambio de prioridades".
La sección 287g de la ley de inmigración vigente desde el 2006, permite a gobiernos locales establecer acuerdos con DHS para que sus agentes reciban entrenamiento de ICE en la identificación y deportación de personas con estatus irregular.
Aunque el objetivo del 287g era sacar del país a "ilegales" criminales y convictos por tráfico de drogas, personas, pandilleros, agresores sexuales, entre otros delitos mayores, fue utilizado por algunas agencias para expulsar a inmigrantes por infracciones menores.
La "estandarización" de los acuerdos generó que 67 agencias del orden público del país decidieran continuar participando del 287g, que hasta la fecha ha entrenado a 1.075 agentes e identificado a 120.000 indocumentados en las cárceles locales.
En Arkansas las ciudades de Springdale y Rogers y los condados de Benton y Washington, todos en el noroeste de Arkansas, han renovado sus acuerdo del 287g.
Según cifras de ICE, de enero a octubre de 2009, el 287g ha fichado a 24.000 personas sin documentos, lo que resultó un 48% más de "criminales" en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2008.
A pesar que ICE bajó un "poco la guardia" con el 287g, inyectó en 2009 más poder a su nueva arma tecnológica, Comunidades Seguras, un programa que da a conocer instantáneamente los antecedentes migratorios y criminales de los detenidos.
Napolitano dió a conocer los resultados de la medida que ha detectado a 113.000 "criminales" sin papeles en 95 centros de detención de 11 estados.
De esos, solamente 11.000 son acusados de crímenes mayores como asesinatos, violación rapto, de los cuales 1.900 ya han salido del país, y más de 100.000 están acusados o enfrentan penas por delitos menores como robo, infracciones de tránsito, etc.
Napolitano añadió que para el 2013, Comunidades Seguras estaría funcionando en cada una de los 3.100 centros de detención estatal y local del país, y que ICE proyecta deportar a 450.000 indocumentados al año a un costo de $200 millones.
En cuando a la política de "mano dura" contra los empleadores, el Gobierno anunció medidas para premiar con un "sello de aprobación" a las empresas que utilicen el sistema electrónico E-Verify que confirma el estatus migratorio de trabajadores.
El sistema, inaugurado en 2008 y utilizado por 169.700 compañías a nivel nacional, ha sido criticado fuertemente por inmigrantes, sindicatos, grupos empresariales y civiles, que señalan que las bases de datos están "plagadas" de errores.
Nunca antes, como ahora, los empresarios habían estado tan vigilados por las autoridades de inmigración para que cumplan con las leyes que prohíben contratar indocumentados.
Durante el 2009, ICE realizó cerca de 1.069 inspecciones que resultaron en cerca de $16 millones en multas y la suspensión a 45 empresas de solicitar contratos con el Gobierno federal.
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