Corte Suprema permite a empresas financiar campañas electorales
La Corte Suprema de EE.UU. levantó en enero las restricciones que impedían a las empresas financiar libremente las campañas electorales, una decisión rechazada por el presidente Barack Obama y que promete revolucionar la contienda política.
Por cinco votos a favor y cuatro en contra, los jueces decidieron que las corporaciones estadounidenses podrán usar libremente sus fondos para financiar anuncios de campaña a favor o en contra de un potencial candidato.
La sentencia cayó como una bomba anticipándose a los comicios legislativos en noviembre.
La medida anula una decisión de hace dos décadas que obligaba a las empresas a usar fondos sólo mediante un "comité de acción política" (PAC) especial.
El presidente Obama rechazó la decisión, advirtiendo que la misma supondrá "la brutal invasión " de dinero de los grupos de presión en las contiendas políticas.
Asimismo, Obama anunció que "trabajará inmediatamente" con el Congreso para contrarrestar la decisión de la Corte.
La Corte se pronunció invocando la primera enmienda de la Constitución, vigente desde más de 200 años que eleva la libertad de expresión, a valor fundamental de EEUU incluyendo a las “asociaciones de ciudadanos”.
La decisión obliga a que el aportante deberá ser identificado cuando un anuncio electoral no sea financiado por un candidato o su partido.
En el origen del caso está un documental sobre la actual secretaria de Estado titulado "Hillary: la película", totalmente contrario a la entonces candidata a la investidura demócrata para las elecciones de 2008.
Su productor, la asociación Citizens United, quiso difundirlo en una cadena por cable, preparando cortos avisos publicitarios opuestos a Hillary Clinton.
El gobierno estadounidense llevó el caso ante la justicia, aduciendo que la ley electoral prohibía a las sociedades privadas financiar con recursos propios la propaganda a favor o en contra de un candidato.
La decisión judicial proteje el derecho de expresión de las asociaciones de ciudadanos tales como corporaciones, sindicatos, reservas de indígenas nativos, y otros similares, y no debe confundirse con las “contribuciones” (donaciones de dinero) a los candidatos, que siguen restringidas por varias leyes.
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