El hielo de ICE
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Por Rafael Prieto Zartha, asesor de medios de comunicación en español de America’s Voice

 

Para la comunidad latina que experimenta diariamente los efectos de las acciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no es motivo de sorpresa la revelación hecha por el diario The Washington Post de que personal de esa agencia federal se traza metas de expulsión de indocumentados, sin tener en cuenta las características o antecedentes de los inmigrantes que saca del país.

 Latinos de las áreas más apartadas de la geografía nacional pueden narrar con desolación como han visto reducida la población latina por las actividades de ICE y las espantosas consecuencias de los programas de deportación que promueve, como 287(g) y Comunidades Seguras.

 Antes de que Obama llegara a la presidencia, en el verano de 2008, en el Condado de Beaufort, en Carolina del Sur, las autoridades locales decidieron estrenar un acuerdo de cooperación con ICE con lo que llamaron Operación Oleada, que significó una temporada de terror en la que fueron arrestados 300 indocumentados, que hacinaron la cárcel local. 

 Allí las deportaciones han persistido mediante el programa 287(g),  que opera con  gruesas fallas. “No se está aplicando para deportar criminales, sino a todo tipo de gente. Es un abuso”, me contó Eric Esquivel, director de la revista bilingüe La Isla, que se publica en la zona.

La realidad es que pese a las modificaciones que ICE le hizo a los memorandos de entendimiento, como parte de la nueva política de la Administración de Obama para enfatizar la expulsión de criminales reales, los agentes locales están colocando en proceso de deportación a trabajadores inmigrantes sin antecedentes criminales.

 Pero la situación en la alta jerarquía de las agencias federales en Washington no es diferente y la muestra del botón está en las comunicaciones internas de la Oficina de Detenciones y Remociones (DRO) de ICE, del pasado 22 de febrero, que claramente presentan una meta de deportar 400.000 inmigrantes no criminales anualmente.

 La filosofía de la Oficina de Detenciones y Remociones (DRO) parece no haber cambiando desde 2003, cuando su entonces director, Anthony Tangeman, estampó su firma en la Operación Endgame, un plan estratégico con el fin de  deportar a todos los indocumentados en un periodo de diez años.

 La clarificación de John Morton, actual jefe de ICE, de que su institución no fija cuotas de deportaciones es irrelevante, dado que los números hablan por si solos.

 La propia secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo el pasado 11 de agosto en El Paso que en lo que iba de 2009 ICE había realizado 181.000 arrestos y deportado a 215.000 “ilegales”. La funcionaria remarcó que las detenciones se habían incrementado en el mismo periodo en comparación con hace dos años en seis por ciento y las deportaciones en 25 por ciento, cuando George W. Bush era presidente.

 Posteriormente, en medio de una controversia por retractaciones de ICE respecto al manejo de sus estadísticas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que las deportaciones habían aumentado 46 por ciento durante la Administración de Obama.

 Por eso el reclamo de los activistas que asistieron al encuentro con el presidente en la Casa Blanca, antes de la marcha de Washington. Y por eso su sorpresa con que el mandatario pensara que básicamente se estaba deportando a criminales.

 Por “coincidencia” el mismo día de la reunión con los activistas latinos, los vaqueros de ICE efectuaron un par de redadas a apenas 28 millas de la residencia presidencial, llevándose a 29  humildes empleados de restaurantes.

 Entonces no tiene porque sorprender que algunos líderes comunitarios califiquen el escándalo de los memorandos como “traición”, que digan que la Casa Blanca tiene un doble discurso, que en las manifestaciones aparezcan carteles con la cara de Morton atravesados con leyendas y que la Campaña Reforma Migratoria Pro América pregunte: ¿Quién está a cargo? 

 

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