Corte Suprema de Arkansas ordena reevaluación de la educación pública
Por Michel Leidermann
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En un dictamen dado a conocer el pasado jueves 15 de diciembre, los magistrados de la Corte Suprema de Arkansas por una votación de 5 a 2, ordenaron al gobernador y a los legisladores, reevaluar y tomar las medidas correctivas necesarias para adecuar la educación pública del estado a lo ordenado por la Constitución estatal y las subsecuentes leyes dictadas al respecto.
Además les dió plazo hasta el 31 de diciembre del 2006 para hacerlo, o dijo la Corte, volvería a intervenir para que la educación pública de Arkansas (252 distritos con +/- 450,000 estudiantes), sea eficiente, imparcial y equitativa.
El dictamen dice que la "debilidad constitucional del sistema de educación debe ser corregida de inmediato". La Corte sostuvo que la sesión legislativa del 2005 no cumplió con las leyes dictadas en la sesión legislativa especial sobre educación del 2003.
Una de esas leyes (Act 108) dice que la educación pública tiene prioridad de financiamiento sobre otras responsabilidades del estado, otra (Act 57) dice que debe realizarse un estudio para determinar cual es el nivel adecuado de financiamiento por alumno ($5,400 en los últimos dos años escolares 2004-05 y 2005-06). Para el año escolar 2006-07 el gasto por alumno se aumentara en solo $97.
También la Corte recordó que los maestros no habían recibido un ajuste salarial de acuerdo al índice de inflación, mientras que otros empleados públicos, si lo habían recibido (el sueldo promedio de los maestros en Arkansas es de $39,226).
Además sostuvo la Corte que la Asamblea Estatal "groseramente" no destinó fondos para las reparaciones de los edificios escolares, que un consultor especializado estimó en $2,200 millones, y para los cuales los legisladores solamente destinaron $120 millones.
La Corte señaló que los legisladores eran servidores públicos "dedicados" pero que no habían cumplido con sus obligaciones.
La intervención de la Corte es la conti-nuación de una demanda judicial iniciada en 1992 por el distrito escolar de Lake View y que llevó a que la Corte Suprema de Arkansas dictara una primera opinión sobre las fallas de la educación pública en el estado, en noviembre del 2002, calificándola de "inadecuada y no equitativa". Esa sentencia llevó a los legisladores a pasar en el 2003, unas 100 nuevas leyes sobre educación y a destinar $380 millones a mejorar el sistema.
Pero la Corte Suprema no aceptó este financiamiento como una solución al problema, y por eso la semana pasada ordenó al gobernador y a los legisladores, a retomar el tema, pero sin dar una orden perentoria para que el gobernador Mike Huckabee llamara a una nueva sesión legislativa para resolver la situación, sino simplemente dándoles un año de plazo para hacerlo.
Pero puesto que la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General no es hasta enero del 2007, no caben dudas que para cumplir con la orden judicial se necesitará de una sesión especial de la Asamblea.
El gobernador dijo que no llamaría a una sesión extraordinaria hasta que se cumplieran ciertos requisitos mínimos y que discusiones previas entre los legisladores con él mismo, no resolvieran las cuestiones pendientes.
La corte tampoco señaló en su dictamen, las acciones que tomaría si el gobernador y los legisladores no resolvían adecuadamente el impasse.
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