Marcadas diferencias sobre reforma de inmigración entre Cámara y Senado
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El congreso Nacional cerrará el año con la aprobación en la Cámara de Representantes de un restrictivo proyecto de freno a la inmigración indocumentada en la frontera y los centros de trabajo, para el cual se contemplan enmiendas catalogadas de "extremistas" y que no pasa de ser simples medidas policíacas según los grupos pro inmigrantes.
Si 2005 cierra de este modo, 2006 abre con la promesa de que el Senado federal abordará el tema migratorio de manera completa partiendo de la seguridad fronteriza, pero garantizando la creación de un plan de trabajadores temporales que permita algún tipo de "regula-rización" para los más o menos 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Esto no lo contempla el proyecto de la Cámara Baja.
En Colorado, el senador demócrata de ese estado, Ken Salazar, adelantó que trabajará el próximo año en una propuesta de reforma migratoria "profundamente pensada y razonable" que reconcilie los sectores a favor y en contra de la legalización de indocumentados. Según el senador, la medida pretende satisfacer los intereses de las empresas que buscan mano de obra barata y los sectores que se oponen a cualquier programa que signifique la posibilidad de legalizar a indocumentados. Seguramente será acompañado en sus esfuerzos por los otros senadores latinos, Bob Menéndez de Nueva Jersey y Mel Martínez de la Florida.
En enero también se cumplen dos años del discurso del presidente George W. Bush que generó esperanzas de que de una vez y por todas, se aprobaría una reforma migratoria realista. La Administración no ha presentado un proyecto formal, sólo lineamientos generales, y aboga por una reforma integral y por un plan de trabajadores temporales que permite la participación, pero no la legalización, de los indocumentados que ya viven aquí. Al cabo de seis años deberán retornar a sus países de origen.
Entre las enmiendas que los legisladores están considerando figuran las siguientes:
o levantar una muralla a lo largo de toda la frontera sur;
o declarar el inglés como el idioma oficial de Estados Unidos;
o prohibir a las instituciones bancarias aceptar la matrícula consular;
o prohibir que se otorguen hipotecas a indocumentados;
o prohibir beneficios de Seguro Social por trabajo efectuado por indocumentados;
o prohibir que los estados cuyas entidades de educación superior reciban fondos federales, permitan que sus alumnos indo-cumentados paguen la misma matrícula que los residentes del estado;
o negar la ciudadanía a bebés nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados;
o frenar el ingreso de mujeres en sus últimos meses de gestación que planifican tener a sus hijos en suelo estadounidense;
o desalentar la doble ciudadanía;
o catalogar de "contrabandistas" a los grupos religiosos y empleadores, si es que ayudan o transportan a indocumentados;
o dificultar la obtención de la ciudadanía;
o permitir el uso de tropas en la frontera;
o fijar una fecha límite de 365 días para que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) tenga "total control operacional" de las fronteras;
o dar autoridad al personal policial local y estatal para asistir en la captura, detención y transporte de indocumentados en el trans-curso de sus labores rutinarias;
o requerir que tres categorías de extranjeros se agreguen al Centro Nacional de Información sobre Crimen (aquellos con una orden final de deportación, quienes hayan firmado una orden de salida voluntaria y quienes se hayan quedado más tiempo del autorizado por sus visados);
o clasificar a los 11 millones de indocumentados como "criminales peligrosos" quedando sujetos a deportación y encarcelamiento sin tener acceso a una audiencia judicial previa;
o deportar a la primera ofensa a los acusados de manejar en estado de ebriedad;
o trastornar la economía de los Estados Unidos creando un sistema de verificación de legalidad amplio y retroactivo, sin crear previamente los canales legales para que los trabajadores necesarios, trabajen legalmente en el país.
Es entonces crítica la completa e inmediata participación de todos los latinos, tanto los que ya son residentes legales e incluso ciudadanos, estos últimos porque tienen el poder del voto, para reclamar un trato justo, pero también de los propios indocumentados "porque ellos son los mejores portavoces de por qué es necesario cambiar las leyes migratorias".
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Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
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