Corte Suprema dictamina que delito menor no es causa de deportación
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 El Tribunal Supremo de EEUU dictaminó que un delito menor por drogas no debería ser causa automática para la deportación en el caso del mexicano José Ángel Carachuri Rosendo.

La decisión fue unánime que, de esta forma anuló la decisión del Tribunal de Apelaciones que había ratificado la deportación de Carachuri.

Carachuri ingresó legalmente a EEUU en 1993 y consiguió la residencia legal. En 2004, se declaró culpable ante un tribunal de Texas por un delito menor de posesión de marihuana y fue sentenciado a 20 días de cárcel.

Un año más tarde, Carachuri fue llevado otra vez ante los tribunales, también en Texas, por el delito menor de posesión, sin receta, de una tableta de Xanax, un medicamento para la ansiedad. El hombre no discutió el cargo y entonces no fue procesado bajo la ley de ese Estado como un reincidente. Fue sentenciado a 10 días de cárcel.

En octubre de 2006, Carachuri recibió una notificación del gobierno de que iba a ser deportado porque se le "había condenado en violación de una ley del Estado relacionada con una sustancia controlada".

Carachuri, que tiene una compañera y cuatro hijos que son todos ciudadanos, solicitó que se anulara la orden de deportación, pero un juez de inmigración dictaminó que no tenía derecho a esa anulación porque se le había condenado por un delito agravado de "tráfico de drogas".

Aunque Carachuri fue deportado a México, las autoridades judiciales tendrán ahora que revisar su orden de expulsión, y éste podría solicitar que se revoque.

En EEUU, si alguien es condenado por un delito mayor agravado no puede apelar una deportación, pero un residente permanente con más de 10 años en el país puede al menos pedir una exención si cometió delitos leves antes de cumplir esos 10 años.

El dictamen favorable a Carachuri podría eliminar la práctica actual de las autoridades migratorias de enviar a presos a distritos donde los tribunales son más estrictos en la interpretación de las leyes.

El Gobierno de Obama ha continuado la práctica de detener y deportar a inmigrantes con antecedentes penales, incluso por casos menores relacionados con drogas.

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