Nebraska quiere que se vayan los indocumentados
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Lejos de la frontera sur, la pequeña ciudad de Fremont en el noreste del estado de Nebraska, se prepara para una batalla legal porque siguiendo el ejemplo de Arizona, ha declarado la guerra a los inmigrantes indocumentados y a quienes les ayuden.

Esta pequeña localidad en la zona central de Estados Unidos, con apenas 25.000 habitantes, tiene apenas unos 2.000 inmigrantes, la mayoría latinos.

Su economía, conformada básicamente por la industria cárnica, depende en gran medida de la mano de obra inmigrante y registra una tasa de desempleo de alrededor del 5%, mucho menos que la tasa nacional del 9,7%.

Pero eso, al parecer, no le importa los pobladores mayoritariamente blancos, que el lunes 21 aprobaron una ordenanza que prohíbe el alquiler de vivienda y la contratación de inmigrantes indocumentados en Fremont. La medida fue aprobada por el 57% de los votantes.

Los que no logren demostrar su estatus legal no podrán obtener una "licencia" para alquilar vivienda, y los empleadores que los contraten quedarán sujetos a multas.

Sin techo ni trabajo, los indocumentados no tendrán más remedio que irse a otro lado, según los argumentos que esgrimen los partidarios de la ordenanza.

Sus partidarios repiten los mismos argumentos que se escuchan en otros rincones del país sobre la inmigración ilegal: que los indocumentados "roban" empleos, que contribuyen a un incremento de la criminalidad, que representan una creciente carga pública y, que muy a pesar suyo, están cambiando para siempre el apacible carácter de la ciudad.

Nebraska no está en el límite sur ni tiene los problemas de inmigración ilegal que imperan en esa zona, y es precisamente lo que quieren evitar grupos conservadores en el estado.

No sería el único estado, puesto que en Texas y Nevada hay esfuerzos similares que tienen en común una maniobra para combatir la inmigración ilegal porque, a su juicio, el Gobierno Federal no está haciendo lo suficiente para resolver el problema.

Los partidarios de la medida en Fremont, sin embargo, tendrán que prepararse para la batalla legal que se avecina, tomando en cuenta que medidas similares en ciudades como Hazleton (Pensilvania) y Farmers Branch (Texas) se encuentran atascadas en los tribunales.

Para defender la ordenanza, la ciudad tendrá que gastar millones de dólares, financiando ese litigio mediante recortes en servicios o un aumento en los impuestos que pueden ser muy superiores al presunto daño que causan los indocumentados.  

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