Policías del norte de México desertan por amenazas del crimen organizado

Una decena de comunidades rurales del estado norteño de Nuevo León se han quedado sin policías o sólo con unos cuantos, ante la deserción de los agentes atemorizados por los más de 60 uniformados muertos en 2010 en hechos ligados al crimen organizado.

Un ejemplo de localidades que se han quedado sin agentes es Herreras, con 1.800 habitantes, ubicado a 123 km al este de la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León, fronterizo con EEUU, y donde la violencia ligada al narcotráfico ha recrudecido en los últimos meses.

En los poblados de Los Aldama, Agualeguas, Parás, General Treviño, General Bravo, Doctor Coss y Cerralvo, entre otros, todos localizadas a menos de 150 km de la industrial Monterrey, los policías también son contados o inexistentes.

Como resultado de la ola de violencia ligada al crimen organizado, sobre todo por los ajustes de cuentas del narcotráfico, Nuevo León acumula 251 muertes violentas en 2010, de las cuales 61 fueron policías.

Esto genera temor entre los uniformados de estas localidades, ubicadas en las cercanías del estado de Tamaulipas, donde la organización de narcotraficantes de 'los Zetas', ex soldados mexicanos de élite, se disputan el territorio con el cartel del Golfo, su antiguo aliado.

Esta pugna entre carteles, es el origen de los continuos episodios de violencia que se han vivido en Nuevo León, con balaceras cotidianas y espectaculares bloqueos de importantes vialidades en Monterrey, donde tienen su sede las principales firmas trasnacionales mexicanas.

Para responder a las necesidades de vigilancia pública de estos poblados, las autoridades estatales pusieron en marcha un "plan emergente" que busca capacitar a ciudadanos que voluntariamente se presenten para ser policías. Pero el problema es que nadie quiere ser policía por miedo a ser asesinado.

El gobierno mexicano ha desplegado a unos 50.000 militares en varios puntos del país, especialmente en la frontera con Estados Unidos, para luchar contra los cárteles de la droga, a los que acusa de unos 23.000 homicidios desde finales de 2006.

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