Política de deportaciones de EEUU condenada internacionalmente
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 Abogados y grupos de derechos humanos calificaron como "importante y sin precedentes" un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) según la cual las deportaciones de EEUU violan los derechos de las familias y los niños.

Éste es el primer caso en el cual la CIDH establece que la legislación migratoria viola los derechos de los niños y las obligaciones de protección de la familia.

Ocho años después de iniciadas las demandas la CIDH concluyó el martes 3 de Agosto, que las deportaciones del mexicano Hugo Armendáriz y de Wayne Smith, de Trinidad, violaron la Declaración Americana de Derechos Humanos y pidió que el gobierno de EE.UU. les permita regresar al país.

Smith, traído por su familia a EE.UU. cuando tenía 12 años, adquirió la residencia legal en 1974. En 1990 fue acusado por posesión de cocaína y cumplió una sentencia de prisión de tres años. En 1996 el gobierno de EE.UU. inició los trámites de deportación, lo que ocurrió en 1998.

Armendáriz, por su parte, fue traído a EE.UU. cuando tenía dos años y seis años más tarde obtuvo su residencia legal. En 1995, Armendáriz fue condenado por posesión de cocaína y cumplía su sentencia cuando el gobierno de EE.UU. inició el trámite de deportación.

En ambos casos los abogados argumentaron ante las autoridades de Inmigración que Smith y Armendáriz habían cumplido sus sentencias, se habían convertido en miembros beneficiosos para la sociedad, tenían familias dependientes, y pocos o ningún vínculo con los países y las sociedades donde nacieron. Fueron deportados sin consideración humanitaria alguna, sin consideración del impacto sobre sus familias, sin evaluar los vínculos con el país de origen y el país de residencia.

El grupo Human Rights Watch informó que entre 1997 y 2007 más de un millón de familias han resultado divididas y separadas por las deportaciones, y el director de la Agencia de Aduanas e Inmigración (ICE), John Morton, indicó que en el período fiscal 2010 se deportarán más de 400.000 personas.

La decisión de la CIDH, confirma que hay límites y los derechos humanos deben respetarse en la política migratoria de Estados Unidos.

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