Corte federal rechazó ley antiinmigrante de Hazleton
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Cuatro años después de que el concejo municipal de Hazleton, Pensilvania, aprobara una ordenanza antiinmigrante, el juez del tribunal federal de apelaciones del tercer circuito, Theodore McKee, falló en contra de la polémica medida que pretendía castigar a propietarios que alquilaran viviendas o negocios a inmigrantes indocumentados, y a quienes dieran empleo a extranjeros sin estatus de permanencia legal en EEUU.

El juez explicó al emitir su veredicto que su función no es determinar si se justifica o no la frustración de las autoridades locales o estatales por la política migratoria. Sin embargo, apuntó McKee, "estamos obligados a intervenir cuando los estados y localidades directamente minan los objetivos federales incluidos en los estatutos aprobados por el Congreso".

El tribunal federal consideró, básicamente, que la ordenanza para combatir la inmigración ilegal en Hazleton se atribuye funciones que le corresponden de forma exclusiva al Gobierno federal.

El "acta de alivio contra la inmigración ilegal" fue aprobada en julio de 2006 por el Concejo de la ciudad y enmendada en septiembre, pero nunca entró en vigor.

La ordenanza municipal de Hazleton ya había sido frenada temporalmente poco antes de su entrada en vigor en 2006. En esa ocasión, el juez federal James Munley, falló que propietarios, inquilinos y comercios que sirven a la comunidad latina sufrirían "daños irreparables" a raíz de la ordenanza y emitió una orden de bloqueo temporal. "Consideramos que favorece el interés público proteger el acceso de los residentes a vivienda, educación, trabajo y negocios", escribió el juez en un fallo de 13 páginas.

Tras el anuncio del dictamen, la alcaldía de Hazleton, una pequeña ciudad de poco más de 30,000 habitantes ubicada en el noreste del estado de Pensilvania, dejó en claro que llevará el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos si fuere necesario.

Arizona, a su vez, ya tiene otro litigio en las cortes después de que la juez federal, Susan Bolton, bloqueó el 28 de julio las partes más polémicas de la SB1070, que criminaliza la presencia ilegal en ese estado fronterizo con México.

Tanto las autoridades de Hazleton como de Pensilvania se quejaron por la falta de acción del gobierno federal en detener la inmigración indocumentada, a quien responsabilizan de los problemas sociales que padece la ciudad y del estado, un argumento similar al utilizado por Arizona cuando aprobó la SB1070.

Los latinos empezaron a instalarse en Hazleton hace varios años, atraídos desde Nueva York, Filadelfia y otras ciudades por las viviendas baratas, la escasa criminalidad y la abundancia de trabajo en fábricas y granjas. Hazleton tiene un población estimada en 31 mil personas.

La ciudad de Hazleton fue la primera en el país en adoptar una ordenanza municipal que penaliza con $1,000 diarios a las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados o a los dueños de viviendas que les alquilen.

La inacción del Gobierno federal respecto a una reforma migratoria ha motivado que varios estados, siguiendo el ejemplo de Hazleton y Arizona, sopesen o adopten sus propias leyes contra la inmigración ilegal.

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