Expertos alertan sobre elevado costo de ordenanzas anti-inmigrantes

Expertos en política migratoria alertaron sobre el elevado gasto para el contribuyente, ocasionado por las ordenanzas municipales dirigidas al control de los indocumentados que, tras costosas luchas legales, terminan por ser declaradas inconstitucionales.

Un grupo de analistas especializados en materia migratoria llamaron a los ayuntamientos a tener en cuenta el costo económico y social de las ordenanzas anti-inmigrantes antes de aprobarlas.

La mayoría de las ciudades que han adoptado medidas de control de los indocumentados han tenido que afrontar elevados gastos en abogados, después de que entidades defensoras de las libertades civiles las demandaran por promulgar ordenanzas "discriminatorias y persecutorias".

Sin embargo, el precio de las leyes anti-inmigrantes traspasa lo económico, puesto que dañan la reputación de las localidades donde se aprueban y provocan una fractura entre la comunidad blanca y la latina "que se tardará décadas en reparar", advirtió el Centro Americano del Progreso (CAP).

El rechazo a la inmigración ha crecido durante los últimos 10 años en ciudades pequeñas con histórica mayoría blanca, como algunas de Nueva Jersey, Nebraska, Pensilvania, Texas y Virginia.

Los expertos señalan que los latinos se han convertido en el chivo expiatorio perfecto para una serie de problemas de los que "no son ni causa ni factor determinante", como el alto desempleo que acarrea la crisis económica, el crimen, o la masificación de las escuelas.

La ley SB 1070  anti-inmigrante de Arizona ha servido de inspiración para pequeñas localidades, aunque los gobiernos de algunas de ellas temen ser víctimas de un boicot similar al que vivió Arizona por parte de diversas organizaciones y personalidades, y que provocó pérdidas de $253 millones en producción.

Algunas de estas localidades emprendieron campañas de rechazo a la inmigración incluso antes de que se promulgara la ley de Arizona, y sufrieron el boicot de sus propios comerciantes, que cerraron sus negocios en señal de protesta, con el consiguiente perjuicio económico.

 

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