Empresarios de Estados Unidos a favor de una reforma migratoria
Proponen que se regularice a todos los indocumentados del país
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Grupos empresariales, sindicalistas y religiosos que rara vez coinciden en sus posturas, unieron sus esfuerzos para promover el avance en el Senado de una reforma migratoria integral que regularice a los más de 11 millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos y establezca un programa de trabajadores huéspedes sensato y realista.
La coalición prometió además cabildear para frenar el proyecto de ley HR4437 que la Cámara Baja aprobó en diciembre, el cual, además de proponer la construcción de un muro en secciones de la frontera sur, declara como un crimen el estar en el país sin documentos. Al presente es una delito civil. Asimismo, penaliza hasta con cárcel a grupos o individuos que ayuden a los indocumentados. El proyecto tampoco crea un programa de trabajadores temporales y exige que los empleadores (los más de 8 millones que hay en el país), verifiquen la legalidad de los documentos y los números de Seguro Social que presentan sus potenciales empleados, con los bancos federales de datos.
Thomas Donohue, presidente y CEO de la poderosa Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa a más de tres millones de empresas, dijo que el proyecto HR4437 no merece llamarse reforma migratoria, "porque es una propuesta policiaca no implementable, que falla en reconocer las contribuciones de los inmigrantes y nuestra creciente necesidad de ellos en el futuro".
Se unieron a Donohue más de 20 organizaciones, como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), la Laborers International Union, los arzobispos católicos, la American Jewish Federation, grupos latinos y organizaciones pro inmigrantes, entre otros.
Básicamente, los grupos ven en el proyecto bipartidista de reforma migratoria de los senadores John McCain, republicano de Arizona y Ted Kennedy, demócrata de Massachusetts, la alternativa más sensata al problema. Las otras propuestas republicanas del Senado que piden el retorno a sus países de origen de los indocumentados que viven en Estados Unidos son "ridículas", según Donohue.
El plan McCain-Kennedy propone que los indocumentados que cumplen con determinados requisitos salgan de las sombras, paguen una multa de $2,000, obtengan un visado de 6 años, aprendan inglés y civismo y al cabo de los 6 años, tanto ellos como sus familias puedan solicitar ordenadamente ajustar su situación migratoria, pero sin salir del país.
Donohue, empero, dijo que la Cámara de Comercio se opone a las amnistías porque no evitan que a futuro se repitan los mismos problemas que enfrenta Estados Unidos ahora. Por eso urge, dijo, un plan realista, porque los empresarios "estamos compitiendo por trabajadores en un ambiente donde cada vez hay menos disponibles y donde más gente se está jubilando".
Rechazó los argumentos de que el apoyo de los empresarios a la regularización de trabajadores es contar con mano de obra barata, indicando que si ese fuera el caso, no les convendría que esos trabajadores salieran de las sombras para obtener mayores derechos y beneficios.
"La realidad es que si no tenemos un proyecto de ley que cuente con un programa de trabajadores huéspedes para el futuro, va a ser difícil lograr que un proyecto avance en el Senado o que se apruebe una versión conciliada, e incluso podría haber un veto presidencial", dijo Donohue.
Aunque la Casa Blanca apoyó el HR4437, ha reiterado su compromiso con una reforma migratoria integral que incluya un plan de trabajadores temporales "que evite la amnistía", y dice que el proyecto HR 4437 "es un paso positivo hacia ese objetivo".
Mark Franken, de la US Conference of Obispos Católicos, indicó que el debate migratorio de la Cámara Baja evidenció que los grupos deben hacer un mejor trabajo para educar a los legisladores y a los estadounidenses, porque todo se basó en miedo o desinformación. Lo importante, dijo, es que el debate arrancó y los detalles se irán afinado sobre la marcha.
La reforma migratoria, dijo Donohue, no es un asunto que las organizaciones que representan la economía y sociedad estadounidenses van a evadir. "Esto es esencial para el futuro de nuestra economía", reiteró.
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