Fuertes choques parlamentarios sobre proyecto de ley E-Verify
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Los legisladores demócratas anunciaron que harán una “fuerte oposición” al proyecto de ley E-Verify, que presentaron legisladores republicanos al Congreso, para obligar a las empresas a registrarse en el programa federal E-Verify, una herramienta creada para combatir la inmigración indocumentada.

El sistema E-Verify consiste en una gigantesca base de datos administrada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) interconectada con la Administración del Seguro Social (SSA) y que permite a los empleadores verificar el estado migratorio de sus empleados. Los proyectos recomiendan multas a los empleadores que no lo usen o que sean descubiertos con personal indocumentado. Los trabajadores cuya información no concuerde o la búsqueda en la base de datos arroje dudas sobre su estado migratorio, perderán sus empleos. El uso de un documento de identidad falso o de una tarjeta de seguro social falsa o que pertenezca a otra persona, será sancionado con penas severas de multas y cárcel, se lee en el proyecto.

La participación en el sistema E-Verify, por ahora, es voluntaria. Sin embargo en Arizona es obligatorio, y en los estados de Georgia y Alabama sus respectivas asambleas legislativas promulgaron leyes migratorias que lo hará obligatorio.

Organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes, advirtieron que de ser aprobado, criminalizará a millones de trabajadores sin papeles que viven en el país.

 La iniciativa no resuelve el problema de los indocumentados. El que quiera contratar indocumentados lo seguirá haciendo. En vez de tener a sus trabajadores en la nómina, les pagarán en efectivo. La solución está en la reforma migratoria comprensiva. Además dicen que la base de datos del E-Verify (incluyendo la base de datos del SSA) es “defectuosa”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima que los costos de las operaciones del E-Verify podrían significar hasta $838 millones en cuatro años, una cifra que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, una organización no partidista, considera baja y la describe como "mínimamente creíble".

A las pequeñas empresas el uso obligatorio del E-Verify les podría costar alrededor de $2,600 millones para poder cumplir con el mandato y el proyecto de ley no incluye la entrega de fondos adicionales para su implementación.

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