La ley es la ley
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Por Rafael Prieto Zartha, director editorial del semanario Qué Pasa-Mi Gente, en Charlotte, Carolina del Norte.

Todo era legal, como lo gritan los que descalifican a los indocumentados y los llaman ilegales.

Era 1945 y era legal que los estudiantes de origen mexicano asistieran a escuelas diferentes a las que iban los blancos. Pero la familia Méndez, radicada en la localidad Westminster, en el conservador Condado de Orange, de California, había decidido retar la ley en los tribunales.

En 1946, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que segregar a los estudiantes mexicanos y mexico-americanos en escuelas separadas era inconstitucional.

Entonces era legal que a los mexicanos se les negara la vivienda, que se les asignara solo un día para asistir a las piscinas públicas y que el contenido de la alberca después de que la usaran fuera evacuado, para que no “contaminara” a los blancos. Era un tiempo en que abiertamente se decía que no era conveniente que estudiaran porque ¿quién iba a recoger las cosechas?

Siete años después de la pelea de los Méndez, la Corte Suprema de Justicia emitió el veredicto de la demanda Brown contra la Junta de  Educación, que declaró también inconstitucional el concepto de 

“separados pero iguales”, el cual había permitido legalmente la segregación de los afroamericanos.

La lucha que terminó en un cambio radical para el país la inició el reverendo J.A. De Laine en el condado rural de Clarendon en Carolina del 

Sur. La familia De Laine, que vivió momentos de horror, terminó radicándose en Charlotte, la ciudad donde vivo. Pero antes de salir de Carolina del Sur vieron su casa convertida en cenizas, tras una acción del Ku Klux Klan.

Sin embargo, era legal discriminar a los afroamericanos en todos los aspectos. Tenían que tomar agua en fuentes diferentes a las de los blancos, se tenían que sentar en lugares diferentes en los autobuses públicos y en las cafeterías.

Pero ahora en estos tiempos se ha convertido en legal impedir que honestos trabajadores puedan tener una licencia de conducir. Se pretende impedirles conseguir trabajo, conseguir vivienda. Se pretende que los directores de las escuelas reporten cuáles niños son hijos de esos padres diferentes. Se pretende que a los hijos de ellos, nacidos en territorio estadounidense, se les abrogue la ciudadanía. Legalmente se impide que jóvenes con sueños puedan educarse, ir a la universidad, y convertirse en profesionales.

Pero los que hablan de legalidad, simplemente se acogen al argumento de que se les debe castigar por ser “ilegales”.

Está claro que no estamos en el tiempo del accionar desenfrenado del KKK, pero de facto si se han asesinado latinos solo por su condición de ser diferentes en Long Island y Pensilvania. Tampoco ha cambiado el resentimiento contra gente diferente como a la que se desea expulsar del país después de que ha sudado la gota gorda  trabajando en este país. Quienes los detestan no usan el vetusto hábito de terminación puntuda, ni se anuncian para intimidar con cruces en llamas.

Ahora los que los detestan usan la cibernética y se autoproclaman patriotas.

¿Es patriota alguien que no quiere que un joven vaya a la universidad?

Yo no lo creo, y siento que es igual a esos que no querían que los  afroamericanos y los mexicanos se educaran en igualdad de condiciones, porque esa era la ley. 

 

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