Bolivia comienza con sus cambios con Morales como presidente
Nuevo presidente deja a campesinos el control de la hoja de coca
El presidente Evo Morales dejó a una asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca la decisión sobre el control a los cultivos de la hoja para evitar su desvío a la producción de cocaína. Morales señaló que en una reunión, que se celebrará entre el 11 y 13 de febrero en la ciudad de Cochabamba, los cocaleros deben decidir respecto de las plantaciones, al insistir en que deben “respetar” el límite de 1,600 metros cuadrados de cultivos por familia.
El mandatario, que asumió la presidencia el 22 de enero, enfrentó durante la última semana los dos primeros desencuentros con el sector cocalero, del que es máximo líder desde la década pasada, a causa de la presión de algunos grupos campesinos por ampliar los cultivos. Los cocaleros radicados en el Parque Nacional Carrasco y en Yapacaní, en el sureste boliviano, advirtieron que no permitirán la erradicación de sus cultivos, pese a ser ilegales.
Según una encuesta publicada el domingo por el diario La Razón, un 74% de la población apoya a Morales, pero sólo el 47% respalda su decisión de dejar sin efecto la antigua política de “coca cero” en el Chapare, y cambiarla por “narcotráfico cero”.
La ley boliviana antidroga de 1988 establece que sólo se puede cultivar coca en la región de los Yungas, 100 kilómetros al norte de La Paz, y nada más que 12,000 hectáreas, para fines lícitos. Indica que la coca del Chapare es “ilegal”. Pero Morales logró arrancar en 2004 al entonces presidente Carlos Mesa un acuerdo por el que se le permitiría a cada una de las familias asociadas a los sindicatos cocaleros del Chapare “un cato (en quechua, 1,600 metros cuadrados) de coca”.
Esto da un total de 3,200 hectáreas y su mantenimiento dependerá de un estudio independiente sobre el actual volumen del consumo legal en Bolivia, aún no iniciado. Informes oficiales indican que a fines de 2005 había en Bolivia 27,700 hectáreas de coca, de las que 17,300 están en los Yungas, 10,100 en el Chapare, y 300 en Apolo.

Proyecta nueva empresa multinacional de gas con Brasil y Venezuela

Por otra parte, Morales descartó el anillo energético impulsado por Argentina y Chile y proyecta conformar una multinacional estatal con Petrobras de Brasil y PDVSA de Venezuela para controlar la producción y el precio del gas en Latinoamérica.
Así lo afirmó el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado. ''La multinacional estatal que sería Petroamérica nos favorecerá porque estaríamos hablando de precios del gas mucho mayores [que los actuales] y por otro lado daríamos seguridad energética a toda la región'', dijo. “La idea es que todos los países productores de gas ingresaríamos en igualdad de condiciones para controlar la comercialización, pero también la producción y el precio”, agregó.
Morales le ha encargado a Alvarado la tarea de relanzar YPFB, una empresa que fue privatizada a finales de los años noventa. Morales dijo que Bolivia no ve a Venezuela como un competidor en el comercio del gas natural con el proyecto que tiene ese país de construir un gasoducto hasta Brasil y Argentina. “Nosotros vamos a participar en ese gasoducto y todos los países ingresaremos a Petroamérica en igualdad de condiciones”, expresó.
Para el ejecutivo de YPFB, una empresa de esa envergadura “es la única garantía para dar seguridad energética a la región” y podría estar en marcha “en unos cinco años”. Alvarado explicó que PDVSA, que abrió oficinas en La Paz tras la asunción de Morales el 22 de enero, ''asesora'' actualmente al gobierno en la reestructuración de YPFB con la que además se asociará en la “administración de servicio”de 53 gasolineras que en el pasado administraba la empresa boliviana.
Explicó que los contratos firmados en anteriores gobiernos “son nulos” porque no fueron refrendados por el Congreso. La reforma a la legislación dirá que las empresas deberán negociar nuevos contratos, adelantó.
Actualmente, las compañías petroleras mantienen pendiente una negociación con el gobierno para adecuarse a la ley aprobada en mayo del año pasado que les incrementó impuestos. Esas empresas han dicho que podrían apelar a los tribunales internacionales si el gobierno les obliga a modificar sus contratos.
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Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
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