Suspensión parcial de Ley contra inmigrantes en Alabama
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La Ley HB56 de Inmigración de Alabama, fue suspendida el lunes 29 de Agosto  por la juez Sharon Lovelace Blackburn, quien para el próximo 29 de septiembre debe determinar si son constitucionales sus disposiciones más controvertidas.

La Ley HB56, ha sido calificada como “la más cruel” del país,

Ninguna de las seis leyes promulgadas en igual número de Estados en los últimos 18 meses que imponen medidas persecutorias y represivas en contra de la inmigración illegal, ha podido ser puesta en vigor.

Cinco de ellas, incluyendo la de Alabama, han sido suspendidas de forma temporal por cortes federales, para analizar las distintas demandas interpuestas en su contra por de el Departamento  de Justicia de los EEU, grupos  de derechos humanos, organizaciones de inmigrantes, iglesias e incluso gobiernos extranjeros.

La ley  de Carolina del Sur, promulgada el 27 de junio, continúa sin ser suspendida, pero no se descarta que en las próximas semanas se presenten demandas en su contra para impedir que entre en vigor el 1 de enero de 2012.

Las leyes antiinmigrantes de Arizona, Utah, Indiana y Georgia están suspendidas por orden de jueces federales, ante demandas de que se declaren que son anticonstitucionales por ocuparse de la inmigración, un asunto reservado al gobierno federal.

La HB56 de Alabama, que debía entrar en vigor el 1 de septiembre, obligaría a los agentes de policía del estado “determinar el estatus migratorio de una persona que se sospeche sea extranjero no autorizado para estar en el país”.

La ley de Alabama supera los alcances de la SB1070 de Arizona, pues faculta a los policías a determinar el estatus migratorio de las personas, sin otra razón que la “sospecha razonable”.

La Ley requiere también que las escuelas públicas determinen la situación migratoria de sus alumnos, y obliga a los propietarios de casas y apartamentos a verificar si los posibles arrendatarios tienen residencia legal. Asimismo, prohíbe a todos los ciudadanos de Alabama albergar o transportar a inmigrantes indocumentados, aun cuando haya parentesco. En todos los casos, se señalan sanciones contra los inmigrantes pero también contra quien les alquile inmuebles o los transporte.

 


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