¡En México no hay guerra!
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En México “no estamos en guerra”, aclaró la Secretaría de Gobernación (SEGOB) al precisar que la lucha del gobierno federal contra el crimen y la delincuencia organizada se efectúa con estricta observancia de la ley y de los derechos humanos.

En respuesta al informe de la organización Human Rights Watch (HRW), el subsecretario de la SEGOB, Felipe de Jesús Zamora, precisó que en el país existe una política de Estado que garantiza los derechos humanos de todas las personas y que cualquier autoridad que los viola es castigada y puesta a disposición de la justicia.

El subsecretario resaltó que el combate a la criminalidad que lleva a cabo México es, precisamente, “para restablecer el Estado de derecho que garantiza las garantías y libertades de todos”.

El funcionario puntualizó que el gobierno mexicano reafirma su compromiso a la legalidad y Estado de derecho, garante de las libertades y derechos fundamentales de todas las personas”.

Tras el Informe de HRW titulado “Ni seguridad, ni derecho. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México”, Zamora insistió en que se “está haciendo todo lo necesario para llevar ante la justicia a los criminales que torturan, secuestran, asesinan y corrompen a las instituciones”.

Enfatizó que la actual administración federal actúa bajo el escrutinio permanente de los entes defensores de las garantías individuales, de las organizaciones no gubernamentales, de los medios de comunicación y de la opinión pública.

Zamora recordó que la participación de las fuerzas federales para restablecer la seguridad y el orden, se ha dado a petición de las autoridades locales y es una colaboración subsidiaria y temporal. Ello, hasta que los poderes e instituciones locales restablezcan sus capacidades para cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y procurar justicia a sus gobernados.

Resaltó Zamora que para ello, se efectúa un importante esfuerzo en el escalamiento de las capacidades institucionales y en la profesionalización y certificación de policías, ministerios públicos y autoridades en general. Además dijo, se fortalecen lo organismos de justicia y las investigaciones en los casos de violaciones a los derechos humanos en los que participan elementos del estado.

En este marco, recordó que se han impulsado las reformas legislativas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente, agregó, la reforma al Código de Justicia Militar.

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