Reforma de la Inmigración: una deuda pendiente de Obama
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La prometida reforma migratoria que al presidente Barack Obama le valió el apoyo latino en las pasadas elecciones, parece ahora esfumarse. Tanto organizaciones de defensa de inmigrantes como el propio Obama consideran improbable su aprobación antes delas elecciones de noviembre.

Así que los esfuerzos en el 2012se centrarán en impedir que se propague por el país la tendencia de imponer rigurosas legislaciones a nivel estatal que están causando estragos, no solo a nivel social entre los inmigrantes, sino en la economía nacional.

El panorama está pintado por las cifras de deportaciones más altas de la historia, que reflejan una persecución a los inmigrantes como pocas veces antes se vio y con ello proliferan historias de distanciamiento entre familiares y desarraigo.

Con esa coyuntura, la reforma migratoria quedó desplazada por debates sobre el papel que juegan los Estados y los departamentos de policía locales en políticas de inmigración y sobre si la autoridad sigue la directriz del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de deportar especialmente a quienes representen un peligro para la seguridad interna.

Ese giro se dio en virtud de que a falta de una reforma federal, Estados como Arizona o Alabama impulsaron sus propias leyes de inmigración, forzando en algunos casos a padres a mostrar el estatus migratorio de sus hijos cuando los inscriben en la escuela, o promoviendo que policías interroguen a alguien sobre su estatus si tienen “sospechas razonables” de que no está autorizado para permanecer en el país.

El año 2011, 30 estados presentaron su propia legislación migratoria, aunque en 20 fueron rechazadas. En otros 5, estas leyes podrían ser consideradas y en los 5 restantes —Alabama, Utah, Indiana, Georgia y Carolina del Sur— han sido aprobadas legislaciones en contra de la llegada de inmigrantes sin autorización. El Departamento de Justicia ha presentado demandas contra varias de esas legislaciones.

Aproximadamente 820 mil inmigrantes indocumentados habitan en los cinco estados donde se aprobaron dichas leyes, según datos del Pew Hispanic Center.

El Consejo de Negocios Agrarios de Georgia calculó que la falta de mano de obra en las granjas del estado ha provocado pérdidas de $300 millones y podrían ascender hasta los $1.000 millones si no se revierte la escasez de trabajadores ocasionada por el éxodo desatado por una rigurosa legislación migratoria impuesta.

La seguridad pública se verá afectada también por estas leyes a raíz de que los inmigrantes no se atreverán a reportar crímenes aunque sean víctimas o testigos de ellos.

En Carolina del Sur ya que está programado que el 1 de enero entre en vigor una ley que otorga a la policía el poder de ejercer políticas migratorias federales. Demandas contra el estado intentan frenar la normativa. mientras que otras organizaciones están dedicadas a fortalecer la participación electoral de latinos para incidir en la conformación de los gobiernos a nivel local.

Por otra parte en noviembre, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) empezó a revisar los 300,000 casos de deportación pendientes en las cortes de inmigración y ha dicho que dará prioridad a la deportación de quienes representen una amenaza para la seguridad pública o nacional.

El ICE emitió un informe en junio, diciendo que reduciría las deportaciones de estudiantes, miembros del ejército, ancianos o inmigrantes con parientes cercanos que son ciudadanos estadounidenses, entre otras categorías.

Los latinos, quienes representan la mayoría de los casi 400,000 deportados en el año fiscal 2011que terminó en septiembre, han expresado su decepción a la política migratoria de Obama.

Pero también están grupos como la Federación Americana para una Reforma Migratoria (FAIR) que se ha mantenido a favor de negar empleo a inmigrantes no autorizados para vivir en Estados Unidos. “Tenemos de nuestro lado la opinión publica que está en favor de medidas estrictas en contra de inmigración ilegal y favor de una reducción en la inmigración legal”, asegura FAIR.

En conclusión, no existen esperanzas concretas para una reforma migratoria a nivel federal porque no hay suficientes demócratas ni republicanos con la voluntad de aprobarla.

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