Corte Suprema de EEUU reafirma la separación iglesia-estado
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En lo que se ha considerado como “una de las decisiones más importantes de la corte Iglesia-Estado en las últimas décadas”, la Corte Suprema de EEUU falló unánimemente la semana pasada en reafirmar que la Constitución incluye una “excepción ministerial” que protege a las iglesias y a las escuelas de la interferencia indebida del gobierno y de sus tribunales.

El fallo dejó claro que la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU da un reconocimiento especial a los derechos de las organizaciones religiosas y rechazó la petición del gobierno de que las cláusulas de la religión no se aplican a la libertad de las organizaciones religiosas para seleccionar a sus propios ministros, sacerdotes, rabinos e imanes.

Todo este debate surgió a raíz del caso que enfrentó a la Iglesia Evangélica Luterana de Hosanna Tabor y la escuela en Redford, Michigan, contra la ex profesora Cheryl Perich, quien también era un ministro que impartía clases seculares y religiosas.

Perich trató de regresar a trabajar después de tomar un tiempo libre por una enfermedad que la afectaba y diagnosticada como narcolepsia, un trastorno del sueño. La escuela se negó y la despidieron cuando ella amenazó con demandarla.

Perich llevó el caso a la Comisión de oportunidad de igualdad de empleo (EEOC), una agencia federal que demandó a la iglesia por discriminación ilícita y represalias bajo la ley federal de discapacidad.

John Roberts, presidente de la Corte Suprema, dijo que el gobierno NO puede: “Exigir a una iglesia aceptar o retener a un ministro no deseado, o castigar a una iglesia por no hacerlo. Esta acción interfiere con la gestión interna de la Iglesia, privando a la iglesia de control sobre la selección de aquellos que personifican sus creencias. Mediante la imposición de un ministro no deseado, el Estado viola la cláusula de libre ejercicio, que protege el derecho de un grupo religioso de dar forma a su propia fe y la misión a través de sus citas. Acordar al Estado el poder para determinar qué personas ministran a los fieles, también viola la cláusula de establecimiento, que prohíbe la participación del gobierno en este tipo de decisiones eclesiásticas”.

El tribunal dejó en claro que no le corresponde al gobierno determinar quién debe – o no – ejercer funciones religiosas. La primera enmienda de la Constitución protege al “libre ejercicio de la religión”.

 

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