Entre $11 mil y $25 mil millones ha invertido el gobierno de Barack Obama en deportar a cerca de 1.1 millones de inmigrantes indocumentados desde el inicio de su mandato presidencial, de acuerdo con cifras entregadas al Congreso.

A un ritmo cercano a 400 mil deportados al año, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) considera un costo de $10 mil por persona removida del país. En paralelo, congresistas liderados por el demócrata Henry Cuéllar (Texas), insisten en que el costo de la identificación, arresto, detención y deportación alcanza a $23 mil por persona.

Esto implica que en el mejor de los casos, desde enero de 2009 hasta ahora, se han gastado al menos $11 mil millones en deportar a inmigrantes indocumentados. Es una cifra que en tiempos de crisis económica implica una parte considerable del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Sin embargo el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes cuestionó la nueva política para evaluar deportaciones, anunciada en agosto por la Administración Obama. Esta pretende prevenir y detener la remoción de personas que no han cometido delitos, luego de un análisis caso a caso, que comenzará durante los próximos meses e implicará una revisión de los procesos de 300 mil personas. Al otro lado de la moneda, si este grupo fuera deportado implicaría un costo de $3 mil millones.

En su testimonio, el subdirector de ICE, Kumar Kibble, explicó el cambio en la política de deportaciones, y fue enfático al decir que no se pretende reducir los índices de deportaciones. Un punto que inevitablemente implicará un gasto sostenido similar al visto hasta ahora.

Durante la última década la detención de inmigrantes se ha convertido en un negocio lucrativo, desde el punto de vista financiero. Un reporte de la Oficina de Supervisión Gubernamental (GAO) de septiembre 2010, indicó que el número de detenidos en custodia aumentó de 37.124 en 2001 a 58.746 en 2009. Cerca de un 45% del incremento estuvo relacionado con el aumento de arrestos por inmigración.

“El gobierno ha gastado miles de millones de dólares deportando a personas, que en caso de aprobarse una reforma migratoria, podrían estar contribuyendo miles de millones en impuestos”, aseguró Ali Noorani, director ejecutivo de Nacional Immigration Forum (NIF). “Esta es una mala política financiera y gubernamental”.

En el último presupuesto enviado al Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional incluyó gastos de $5.5 millones diarios, para pagar solo en detención de inmigrantes.