Pocas personas se salvan de ser deportadas
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En una audiencia con el subcomité de seguridad nacional, del comité de apropiaciones en la Cámara de Representantes, el director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) John Morton, entregó las cifras actualizadas, respecto a la política de la Administración de revisar -de manera extraordinaria- 300,000 deportaciones pendientes, anunciada en agosto de 2011.

Morton, aseguró que el gobierno ha revisado la mitad de los 300 mil casos de deportaciones irresueltas. De ellos se han cerrado administrativamente 1,500, es decir un 1%, un número muy por debajo de las expectativas. Funcionarios insisten en que esto pudiera elevarse a 9.2%.

A pesar de la gran expectación que generó la medida y de las esperanzas en la comunidad inmigrante, los resultados muestran la rigurosidad del criterio aplicado, que se basa en el memorando emitido por Morton en junio pasado.

Ahí se especifica que debieran tener una consideración particular, las personas que sean familiares de ciudadanos, grupos como veteranos, miembros de las Fuerzas Armadas y residentes permanentes en el país por varios años, entre otros puntos.

“Estamos en la mitad de la revisión, hemos examinado 150,000 casos, de los cuáles hemos cerrado administrativamente 1,500. La mayoría de ellos corresponden a personas que llevan muchos años residiendo en los Estados Unidos y que tienen cónyuges o hijos ciudadanos”, dijo Morton.

El cierre administrativo deja a los individuos en un limbo migratorio. En general, se les permite permanecer en el país por un periodo de uno o dos años, pero no les asigna ningún tipo de estatus ni vía para la regularización permanente y así conseguir trabajo.

Consultado por La Opinión respecto al bajo número de casos cerrados, el director de ICE aseguró que “no se deben sacar conclusiones apresuradas basadas en estos números, ya que de los 150,000 todavía hay situaciones en que se está realizando chequeo de antecedentes”.

En enero de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había entregado cifras preliminares de los programas pilotos de revisión, ejecutados en Baltimore y Denver, las que indicaban que cerca de un 16% de los casos estaban recibiendo un cierre administrativo.

Durante la audiencia, Morton también fue consultado por los reclamos contra el programa de Comunidades Seguras, que ingresa las huellas digitales de personas detenidas y las contrasta con las bases de datos federales para indagar sobre el estatus migratorio del individuo.

Morton dijo que en algunas semanas más, ICE realizará un anuncio respecto a las recomendaciones sobre personas arrestadas por infracciones de tránsito, una de las principales críticas contra la agencia.

El director de ICE insistió en que Comunidades Seguras estará operando a nivel nacional en marzo de 2013. Además, especificó que probablemente a final de este año se implementará en Alabama.

Con respecto a casos de violencia doméstica, Morton afirmó que la entidad “hace su tarea” para evitar que las víctimas o testigos sean puestos en proceso de deportación.

 

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