Contrapuntos
Por Michel Leidermann

El poder federal y los Estados

Las encuestas lo sugieren y los debates políticos lo corroboran: somos una nación dividida más allá de la política entre Demócratas y Republicanos.

Es mucho más profundo. Es una división ideológica como se ve en dos interesantes casos recientemente presentados ante la Corte Suprema, y que son la reforma del seguro de salud u Obamacare, y la ley de inmigración 1070 de Arizona.

El debate en ambos casos, es establecer el límite del poder federal frente al poder de los estados individualmente.

En el Obamacare, el gobierno federal obligará a comprar un seguro de salud privado. Nunca antes se trató de forzar a todas las personas a comprar un producto de una empresa privada.

La Administración Obama sostiene que tiene el derecho de regular el comercio en esta forma. Además, el gobierno federal les dará a los estados fondos adicionales para Medicaid, el programa de cuidados a familias pobres, y que es manejado por los estados. Pero estos aportes vienen acompañados de fuertes condiciones y costos para los Estados impuestos por el Congreso.

Los Estados que están impugnando Obamacare en la Suprema, alegan que la salud y el bienestar en general han estado y deben seguir estando bajo control de cada estado. Ahora la Suprema deberá resolver si el gobierno federal puede obligar a los estados a comprar un seguro, como cuestión de política nacional de salud.

¿Puede el gobierno federal en base a la ley de comercio, forzar a un Estado a comprar pólizas de seguro de salud privadas? Y si la respuesta es que sí ¿hay límites a lo que el gobierno pudiera forzar a un individuo a comprar o hasta vender? Y ¿cuáles son los límites del poder del gobierno federal? ¿Dónde empieza y dónde termina la soberanía de cada Estado individual? Estas son las preguntas fundamentales que los magistrados tienen que contestar.

Otro conflicto entre el gobierno federal y los Estados individuales, es la ley de inmigración SB 1070 de Arizona, que en sí, no está en conflicto con el gobierno federal, porque los detenidos en virtud de esa ley serian entregados a las agencias federales, pero sí va más allá de los niveles de cumplimiento de la ley según la Administración Obama.

Pero ¿puede Arizona pedirle a cualquier persona que muestre sus documentos de residencia? Todavía no tenemos tarjetas de identificación nacionales, así que ¿es este requisito incómodo e intrusivo del derecho a la privacidad? Y ¿cómo pueden las autoridades saber a quién pedirle los papeles? En otras palabras ¿quién parece ser indocumentado? ¿Es este un pretexto para un perfilamiento racial que las cortes han determinado, es inconstitucional?

En ambos casos, el del seguro de salud y el de inmigración de Arizona, el argumento se centra en la cláusula de supremacía, la que establece que la ley federal es la ley suprema de la nación. Los Estados tienen libertad de actuar siempre que no sea en conflicto con la ley federal.

Nunca, desde los programas económicos del Presidente Franklin Delano Roosevelt en la década de la depresión en 1930, la nación ha enfrentado claramente tan voluminosa expansión del poder federal a costa de la soberanía de los estados.

Aunque para la mayoría el tema principal en esta temporada electoral son los empleos y la economía, la verdadera lucha política tiene que ver con encontrar el debido equilibrio de poder entre los Estados y el gobierno federal. El reto para la Corte Suprema es definir claramente los límites de la soberanía.

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