Ex gobernadores de Tamaulipas y de Baja California Sur en problemas con la ley
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El gobierno de Estados Unidos presentó dos demandas ante cortes federales para decomisar propiedades que el ex gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba habría adquirido en Texas a través de prestanombres, con fondos de origen ilícito.

Las propiedades incluyen una casa en San Antonio adquirida en 2006 por 6.6 millones de dólares y un condominio adquirido en 450 mil dólares en la South Padre Island.

El ahora inculpado fue alcalde de Matamoros de 1993 a 1995 y gobernador de 1999 a 2005.

También se presentó una acusación contra Fernando Alejandro Cano Martínez, un empresario de 55 años, de Ciudad Victoria, presunto prestanombres del ex gobernador y quien habría “lavado” sobornos del Cártel del Golfo para varios funcionarios del gobierno estatal de Tamaulipas.

La Fiscalía afirmó que Cano, contra quien ya existe una orden de aprehensión, lavó dinero de políticos desde 1998 por medio de transacciones de bienes raíces en Texas. Además también se busca decomisar al empresario un avión, cuentas bancarias e imponerle una multa de 20 millones de dólares.

“Los sobornos eran pagados a cambio de que hubiera poca o ninguna interferencia policiaca hacia las actividades de narcotráfico y lavado de dinero del Cártel del Golfo en Tamaulipas”, dice la acusación contra Cano, formulada por un Gran Jurado Federal.

Por otro lado el ex gobernador del estado de Baja California Sur, Narciso Agundez Montano, que pertenece al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue arrestado el jueves 24 en Monterrey, por malversación de fondos públicos, tras ser acusado de lucrar en la venta de 7 propiedades en la ciudad de Cabo San Lucas las cuales habían sido concedidas al municipio y debían ser de uso estrictamente público.

Agundez pertenece al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 

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Michel Leidermann
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