CONTRAPUNTOS
Por Michel Leidermann

En un fallo dividido e histórico, luego de más de dos años de batallas legales, la Corte Suprema decidió mantener la Ley de Reforma Sanitaria (Affordable Care Act o ACA) con ciertos límites.

El mandato de comprar seguro médico prevaleció entendido como un nuevo impuesto y el tribunal lo interpretó como constitucional pues los impuestos son aprobados por el Congreso. En cuanto a la expansión de Medicaid, la provisión sobrevivió con limitaciones es decir que los Estados no están obligados a expandir su alcance y el gobierno federal no puede reducir el nivel actual de sus aportes al programa pero si puede limitar nuevas contribuciones.

Los jueces se concentraron en debatir tres puntos del ACA: 1. la constitucionalidad de la obligación para que todos compren seguro de salud y si éste implica un nuevo impuesto; 2. si el resto de la ley se mantiene en caso de eliminar ese mandato, y 3. la legalidad sobre la expansión de Medicaid,.

Si la ley prevalece para 2014 (y no es modificada o anulada), más de 30 millones de estadounidenses podrán acceder a cobertura médica a través de los subsidios del gobierno. De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), actualmente 16 millones de latinos no están asegurados.

En cuanto a la expansión de Medicaid, ésta amplía la cobertura a todas las personas con un ingreso por hogar de hasta 133% sobre el nivel federal de pobreza, a partir de 2014. Es decir, aproximadamente $14,850 para individuos y $30,650 por una familia de 4 personas. Cifras del gobierno indican que cerca de 6 millones de latinos se beneficiarán con la expansión.

La opinión de la Corte, argumenta que la cláusula de comercio de la Constitución no le da facultades al Congreso para obligar a la gente a comprar seguro de salud, pero que otras partes de la Carta Magna sí respaldan la iniciativa ACA.

Una de las posibles consecuencias sería la subida del costo de las pólizas en alrededor de un 10%, lo cual anularía la intención original de la ley de hacer mas asequibles los cuidados médicos. Al ser más caros, muchas menos personas podrían comprar seguro de salud. La ley conocida popularmente como Obamacare, promete seguro médico asequible para millones de personas de clase media. El gobierno subsidiaría la cobertura con un billón de dólares a lo largo de la próxima década, dinero que saldría de recortar gastos y de nuevos impuestos, tasas y multas.

Gran parte de esa “factura” de un billón la pagarían las personas acaudaladas mediante un incremento en sus impuestos, pero también recaería sobre las empresas que proveen planes médicos “Premium” a sus empleados a las que se aplicaría el impuesto denominado “Cadillac tax”.

Otra parte de Obamacare se financiaría con las multas a quienes se nieguen a comprar un seguro (el polémico “mandato individual”). Aunque la ley contempla excepciones para personas de bajo nivel económico, que quedarían exentas de penalización.

Las multas se irían incrementando a partir del 2014 y hasta el 2016. Para una persona soltera empezarían en $95, luego $325 y por último $625. Para una familia las cifras serían de $285, subiría después a $975 y para el año 2016 se elevaría a $2,085.

Otro capítulo de financiación de la Reforma Sanitaria provendría de impuestos adicionales de 0.9% a las contribuciones al Medicare a las personas cuyos ingresos superen $200,000 anuales ($250,000 por matrimonio). Los cargos entrarían en vigor a partir de 2013.

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