Veredicto sobre ley SB1070 abre las puertas a la discriminación
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Grupos pro-inmigrantes elogiaron la decisión dividida de la Suprema Corte de Justicia, de invalidar tres de las cuatro secciones de la ley SB1070 de inmigración de Arizona, pero advirtieron que se podría prestar a una potencial discriminación con la ratificación de una sección, la 2(B) de la SB1070, que autoriza revisar el estatus legal de detenidos si la policía tiene sospechas razonables de que son indocumentados.

Corresponde al gobierno federal y no a los Estados individualmente aplicar la ley de inmigración, tal como lo estipula la Constitución.

La sección 2(B) requiere que la policía interrogue a cualquier detenido que sospecha que es indocumentado y legitimiza ordenanzas estatales que promueven la discriminación racial, los arrestos equivocados y el miedo en las minorías raciales y étnicas del país.

La directora del Consejo Nacional de La Raza, Janet Murguía, dijo que es “un gran problema” que la Corte Suprema haya decidido mantener la sección denominada “muéstrame tus papeles” que podría afectar a muchos latinos por su apariencia física. Expresó, además, sus dudas que entidades policiales de Arizona apliquen imparcialmente la ley de inmigración, como lo demuestra la demanda del gobierno federal contra el alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa, por discriminación a latinos.

Sin embargo el máximo tribunal invalidó las secciones que convertían en criminales a los inmigrantes indocumentados sin documentos de identificación así como por solicitar trabajo en el estado y la que permitía a la policía arrestar a inmigrantes indocumentados sin orden de detención cuando existe causa probable de que cometieron cualquier ofensa pública que hace a la persona elegible a ser deportada del país.

La decisión de la Suprema Corte también tendrá efectos de largo alcance sobre los esfuerzos que realizan otros Estados para promulgar legislaciones similares en Alabama, Carolina del Sur, Indiana, Utah, y Georgia.

Ninguna de las leyes migratorias promulgadas por estos Estados, ha podido ser puesta en vigor, al permanecer todas ellas suspendidas por las cortes federales, en tanto analizan las diversas demandas interpuestas en su contra por organizaciones civiles y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las distintas demandas, argumentan que la ley de Arizona y las demás emitidas por las otras entidades, violan la Cláusula de Supremacía de la ley federal en materia de inmigración.

Los Estados que deseen sus propias leyes migratorias tendrán que gastar mucho dinero en abogados para tratar de presentar algo que que pueda resistir el escrutinio de la Suprema Corte.

¿Tiene sentido económico para los Estados tratar de combatir la inmigración o es simplemente una expresión de algún tipo de malestar cultural o preocupación por el cambio demográfico?

 

 

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