Contrapuntos
Por Michel Leidermann

Los dreamers y las autoridades mexicanas

 El 15 de agosto se inició el proceso de recepción de solicitudes del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus sigla en inglés).

 DACA es la acción administrativa del presidente Obama para frenar las deportaciones de jóvenes indocumentados que llegaron siendo menores de edad y que tenían menos de 31 años de edad el 15 de junio de 2012.. Los jóvenes son popularmente conocidos como dreamers, en referencia al llamado Dream Act, presentado a escala federal y en legislaturas estatales para regularizar el estatus de estos jóvenes.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) la Acción Diferida, tendría una vigencia de dos años y se podría renovar, y los jóvenes indocumentados no serían deportados y tendrían derecho a solicitar una autorización de empleo y otros documentos. No se trata de amnistía ni tampoco de reforma migratoria, sobre la que tanto se ha insistido, pero es un peor es nada, que rompe con años de frustrante parálisis legislativa sobre el tema.

Se calcula que hay aproximadamente 1.76 millones de jóvenes que se beneficiarían del programa. De esta cantidad, la inmensa mayoría, 74% (1.3 millones) son mexicanos.

La solicitud del DACA requiere comprobar la residencia en EEUU antes de cumplir los 16 años, verificar su identidad personal y nacionalidad, y documentar el estar matriculado en una escuela o haber terminado satisfactoriamente estudios preparatorios o un programa equivalente.

No hay manera de saber cuántos dreamers de origen mexicano carecen de un documento de identidad para completar su solicitud. Sin embargo, ya aumentó la demanda de documentos en los consulados mexicanos que hasta han solicitado ayuda a las autoridades en México para atender el incremento en el volumen de citas para la población local.

El DACA está estrechamente vinculado a la matriculación escolar. Cada solicitante debe demostrar que asiste a la escuela, que se ha graduado de bachillerato o ha obtenido un certificado de educación general, o ha servido honorablemente en las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, hay importantes sectores de la población potencialmente elegible que no tienen acceso fácil a una oportunidad escolar. Lo más preocupante es el caso de los que son trabajadores agrícolas o radican en zonas rurales.

Instituciones calculan que hay aproximadamente 320 mil personas que cumplen con los requisitos de edad y residencia del DACA, pero que en la actualidad no están matriculados en ninguna escuela ni han conseguido el diploma de bachillerato o el General Education Diplome (GED). Algunos son todavía menores de edad, mientras otros son jóvenes adultos. Muchos son trabajadores agrícolas o radican en zonas rurales (85 mil), tienen empleos de bajos ingresos, laborando en lugares como plantas procesadoras de carne o industrias como la construcción o el sector de servicios.

En las zonas rurales, encuentran menos instituciones que ofrecen los programas educativos para jóvenes y adultos que exige el DACA. Debido a su estatus de indocumentados, los dreamers adultos no califican para programas educativos y vocacionales financiados por el gobierno federal, aunque los menores de edad sí tienen acceso al programa de Educación Migrante, entre otros.

Hay una oportunidad de regularizar, aunque sea de manera temporal, el estatus migratorio de muchos mexicanos que salieron de México siendo menores de edad. En EEUU han padecido múltiples problemas por no contar con documentos migratorios y, en consecuencia, han visto que sus sueños de superación se han frustrado hasta ahora. Aunque para EEUU son indocumentados, se trata de ciudadanos mexicanos y, según la Constitución mexicana, gozan de los mismos derechos y deberes que el resto de los mexicanos.

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