“Muéstrame tus papeles”
Por Michel Leidermann
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Después de una lucha de dos años, un juez federal autorizó a las agencias de la ley en Arizona, a verificar el estatus migratorio de cualquier persona que sospechen se encuentra en el país ilegalmente. El uso de la ropa equivocada, hablar con acento equivocado o el color de piel equivocado, podría crearle problemas en Arizona.

La disposición de “muéstrame tus papeles” de Arizona -una de las partes más amargamente controvertidas de la ley anti-inmigración promulgada en 2010, es la segunda ley que cuenta con el visto bueno de los tribunales federales. La primera fue Alabama, donde se puso en práctica una política similar hace aproximadamente un año.

Allí, de acuerdo con un informe reciente del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, (un grupo de defensa de los inmigrantes), los agentes del orden han creado un “ambiente de discriminación racial” que ha animado a los ciudadanos de Alabama a discriminar y abusar de las personas que consideran extranjeros. El informe relató casos de latinos, incluyendo a residentes legales, que fueron detenidos por la policía varias veces con pretextos fútiles y, en algunos casos, sometidos a detenciones prolongadas en la carretera.

Arizona tiene una población mucho más grande de latinos que Alabama, incluyendo ciudadanos, residentes legales e inmigrantes ilegales. Muchos de ellos tienen una buena razón para prepararse para un tratamiento similar al de Alabama.

Grupos de derechos civiles y de los inmigrantes en Arizona, se preparan para recoger datos que esperan proporcionan la base para impugnar la ley. La evidencia anecdótica e incluso una gran cantidad de detenciones de tráfico con débiles pretextos, no serán suficientes para demostrar que las personas que fueron objeto de detención, fue en base a su raza o apariencia.

Un ángulo de ataque más prometedor puede ser el mostrar que el control sobre el estatuto de inmigración de los detenidos, un proceso que requiere que la policía federal tome contacto con las autoridades migratorias- resulta en detenciones prolongadas, constitucionalmente prohibidas por reperesentar una búsqueda e incautación irrazonables.

 

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