Un futuro profesional incierto para jóvenes indocumentados
Miles de estudiantes cuyos padres llegan a Estados Unidos cuando ellos son pequeños, terminan cada año la preparatoria sin tener opciones para un futuro profesional.
Cuando la familia se establece, los hijos acceden a la educación pública primaria y secundaria, pero una vez que salen de la preparatoria, la puerta se cierra: la educación superior es costosa y, sin documentos, no pueden acceder a una ayuda financiera. Pero además, no pueden trabajar legalmente, viven bajo el constante temor a ser deportados y pierden la esperanza de tener una vida mejor.
Según cifras del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC), cada año se gradúan en Estados Unidos cerca de 65 mil estudiantes que han crecido aquí, pero que no tienen acceso a los apoyos para ingresar a la universidad. Esta cifra incluye a estudiantes graduados con honores, a estrellas del atletismo, a artistas talentosos y a jóvenes que aspiran a ser maestros, médicos o soldados para servir al país.
Y es que el número de estudiantes nacidos fuera de Estados Unidos que cursan entre los grados 6 y 12, se ha incrementado significativamente en los últimos años a nivel nacional, pasando del 1.7% en 1970, a 5.7% en 1995.
De acuerdo con NILC, los hijos de inmigrantes indocumentados son más propensos a dejar incompletos sus estudios de preparatoria, que quienes han nacido en el país, y las barreras para acceder a la educación superior contribuyen a este hecho, ya que los jóvenes pierden la motivación para graduarse.
En un intento por resolver la situación de todos estos jóvenes, nació la iniciativa de ley DREAM Act (Development, Relief and Education for Alien Minors Act), una propuesta bipartidista que busca otorgar la residencia a los estudiantes inmigrantes que hayan vivido en Estados Unidos durante más de cinco años y que hayan llegado siendo menores de 15 años de edad.
Bajo esta ley, una vez graduados de la preparatoria estos chicos podrían solicitar hasta seis años de residencia legal, tiempo durante el cual deberán completar dos años de colegio, al menos dos años de un programa de estudios superiores de cuatro años, o bien, servir en las Fuerzas Armadas por lo menos dos años.
Durante la sesión legislativa anterior, la iniciativa fue aprobada por el Senado, pero no por la Cámara de Representantes; sin embargo, será introducida nuevamente en las próximas semanas, con el apoyo de organizaciones defensoras de los derechos civiles y con la esperanza de que, siendo un año no electoral, esta vez sí se logre la aprobación en ambas cámaras.
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