Las elecciones presidenciales y legislativas del 6 de noviembre 2012, fueron las más caras de la historia, con una factura total superior a los $6 mil millones. El presidente demócrata Barack Obama y el ex gobernador republicano Mitt Romney, quienes rehusaron financiamiento público para evitar topes de gasto, recaudaron una cifra sin precedentes superior a los mil millones de dólares cada uno.

En los comicios estaban en juego la Casa Blanca, los 435 escaños de la Cámara de Representantes, una tercera parte del Senado de 100 miembros, 11 gubernaturas y las respectivas legislaturas estatales.

Las elecciones presidenciales de 2008 costaron unos $5 mil millones de dólares, las intermedias de 2006 unos $2.85 mil millones, las de 2002 unos $2.18 mil millones, y la de 1998 sumó $1.61 mil millones.

La proyección de la nueva marca de gastos deriva en parte de una afirmación de la Suprema Corte, sobre la Primera Enmienda de la Constitución que prohíbe al gobierno fijar límites a empresas y sindicatos en sus gastos independientes para fines políticos.

Sólo la carrera por la presidencia tendrá una factura de $2.6 mil millones pero el proceso completo alcanzará una nueva marca si se contabilizan las elecciones estatales y legislativas.

Bajo las leyes actuales, una persona sólo puede aportar do $2.500 para las elecciones primarias y una suma similar para la elección general, es decir que las contribuciones personales a candidatos no pueden legalmente exceder los $5.000. La ley permite a los estadounidenses aportar $15 mil extras a los partidos políticos nacionales.

Además, cada persona puede dar $5.000 a los llamados Comités de Acción Política (PAC), que son grupos que recaudan dinero en apoyo a candidatos, pero tienen que ser transparentes y reportar sus fondos a la Comisión Federal Electoral (FEC).

Pero el ciclo electoral presidencial 2012 contó con una nueva figura, los denominados Super Pac’s, manejados por corporaciones o sindicatos para canalizar dinero sin límite en respaldo a candidatos individuales. Su única restricción es que no pueden tener una coordinación directa con las comités de campaña de los candidatos individuales, aunque sí pueden gastar en publicidad política negativa contra sus rivales.